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SE IRAN MARCHANDO SEGUN VAYAN LLEGANDO SUS FAMILIARES PARA RETORNAR A SUS PUNTOS DE ORIGEN.

Los temporeros inician el desalojo del campamento de Torremayor

La policía local ya les ha advertido de la prohibición de acampar en el lugar.La delegada del Gobierno recuerda que no cometen "ningún delito".

Los temporeros inician el desalojo del campamento de Torremayor

Hasta el lunes. Este es el plazo dado por la Policía Local de Mérida a los temporeros acampados en el badén de Torremayor para abandonar la zona que, aunque situada a unos 16 kilómetros de la ciudad, pertenece a su término municipal. Los miembros de este asentamiento, en el que han convivido los últimos días unas 300 personas, en su mayoría rumanos, han comenzado a abandonar la zona, punto habitual para este tipo de concentraciones durante las campañas agrícolas.

Efectivos de la policía local se desplazaron ayer hasta el asentamiento para comunicarles que en este punto, al igual que en toda la comunidad autónoma, está prohibida la acampada al aire libre, salvo en las zonas habilitadas para este fin, por lo que deben desmantelar el campamento de tiendas de campaña y chabolas junto al río Guadiana.

Los temporeros se han comprometido a ir abandonado esta zona de forma progresiva, ya que están a la espera de que les recojan familiares procedentes de otras zonas agrícolas del país antes de retornar a sus puntos de origen. Muchos de ellos tienen la intención de desplazarse a Córdoba a la campaña de la aceituna.

El lunes volverá la policía local a personarse en el lugar para comprobar que los temporeros han abandonado el lugar. En caso contrario, se recurriría a medidas "coercitivas" para obligarles a marcharse. En todo caso, tal y como recuerda el delegado de Seguridad Ciudadana, José Fernández, se trata de ciudadanos de la Unión Europea que tienen total libertad para desplazarse por el territorio español, y que únicamente incurren en una falta administrativa por incumplimiento a la ordenanza que prohíbe los asentamientos ilegales.

En esta misma línea se expresó la delegada del Gobierno en Extremadura, Carmen Pereira, quien subrayó que el asentamiento "no es una cuestión de seguridad pública" porque "no están cometiendo ningún delito", y apuntilló que son ciudadanos de la Unión Europea por lo que "pueden residir y trabajar en España".

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