Una vecina de Mérida denunció ayer durante el turno de intervención de los ciudadanos ante el pleno municipal, que tras entrar a vivir en una vivienda de protección social de la Junta de Extremadura, ha recibido una factura de Aqualia por un importe superior a los 1.000 euros de un consumo que ella no ha realizado, al tiempo que criticó el mal estado del inmueble. El alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, reconoció que «históricamente» se ha dado esta situación, ya que otras familias que están en viviendas sociales también han recibido facturas muy elevadas por parte de la empresa suministradora porque «le cobraba al nuevo propietario de la vivienda los recibos de consumo de la vivienda en sí». Sin embargo, el primer edil aseguró a la mujer que se solucionará el asunto porque «ya hay un acuerdo» con la Junta. Por otra parte, la responsable de la asociación Mérida Solidaria pidió ayuda a la corporación al denunciar la situación de «extrema necesidad» que sufren unas 200 familias en la ciudad.
