La Asociación de Discapacitados de Extremadura (Adex), con sede en Cáceres, ha recibido en algo más de una semana la ayuda desinteresada de 2.000 personas. El colectivo, que atiende a 70 discapacitados físicos y psíquicos, pasa por una situación "precaria" después de que en 2012 perdiera todas las subvenciones --ha despedido a ocho personas--. El concurso de ayudas para el 2013 aún no se ha dictaminado, por lo que el desarrollo de su actividad ha comenzado a tambalearse. Tras la publicación en este diario de la campaña iniciada por Adex en Facebook para pedir socorro, se han puesto en contacto con el colectivo 2.000 personas y el grupo creado en la red social ya supera los 3.000 amigos.
Han recibido de todo: libros, lápices, pinturas, rotuladores, bolígrafos, gomas, cuadernos, juguetes educativos, juegos de mesa, pelotas, cuentos, una máquina de gimnasia multidisciplinar para recuperación de ictus e incluso padres que pertenecen a otras asociaciones se han adherido a Adex para pagar la cuota de socio y así colaborar también económicamente. Además han prestado su ayuda desinteresada nueve voluntarios, que se turnan para asistir a la asociación por las mañanas y por las tardes. "Ha sido increíble la de gente que se ha puesto en contacto con nosotros. Mi obligación es seguir peleando por esta gente hasta donde tengamos que llegar", asegura el presidente de Adex, Lorenzo Clemente.
ABOGADOS La asociación presentó el pasado lunes un recurso de lo contencioso-administrativo para solicitar a la Junta la documentación y las actas en las que se expliquen las causas de la retirada de la subvención el pasado año --recibieron puntuación cero en la categoría de niños discapacitados, lo que vendría a decir que no actúan para este colectivo (tienen niños de 3 años), o en personal voluntario, lo que significaría que el colectivo no tiene (en aquel momento trabajaban 5 voluntarios)--.
Para ello el bufet de abogados Extrelex ha ofrecido, también a través de Facebook, su ayuda gratuita para llevar a cabo este proceso, igual que el procurador Juan Antonio Hernández Lavado. "Nos van a ayudar de forma gratuita con un servicio que podría costar entre 5.000 y 6.000 euros. Hemos solicitado justicia gratuita porque al ser asociación tendríamos derecho a ella, pero no sabemos si nos la concederán", explica el presidente, Lorenzo Clemente. Una vez recibidas las actas decidirán si interponen una denuncia a la Junta por lo sucedido.
