Las 22 familias afectadas en Cáceres por la promoción que el constructor Antonio Población empezó a construir en Montesol I en el año 2006 confían en hacerse con sus casas a través de la subasta pública que se realizará "de forma inminente" y solicitaron al juzgado número 3 de la capital cacereña "que agilice al máximo" la tramitación de esa subasta para que puedan continuar con la construcción de sus viviendas.

Los afectados se han constituido en cooperativa y han comprado los derechos de parte del préstamo que el Banco Pastor concedió al constructor para que levantara sus casas unifamiliares, y que asciende a 1,5 millones de euros, por lo que ahora están además haciendo frente a los intereses que generan los préstamos que han tenido que pedir para sufragar el crédito inicial.

El portavoz de los afectados, José Luis Martín Galindo, explica que ahora el juzgado tiene que hacer un señalamiento de la subasta pública, ya que las casas estaban embargadas por el impago del promotor y, en principio, cualquiera puede concurrir a ella, aunque confió en que "ninguna empresa espabilada" se aproveche de la situación y sean las propias familias las que se hagan con sus casas, que están construidas en un 70%, y así poderlas terminar.

Todo este trámite ha sido posible, según indicó Martín, gracias a la ayuda prestada por la empresa Prinsa, una promotora cacereña que tenía constituída una cooperativa que ofreció "de forma desinteresada" a los afectados para que pudieran organizarse como una entidad jurídica única y poder así concurrir a la subasta y concluir el proceso de construcción de sus viviendas, "que deberían haber estado entregadas en junio de 2008", se lamentó el portavoz de los afectados.

Además, los afectados piden también a la Junta de Extremadura que una vez que se solucione el asunto y las casas estén terminadas, "cumpla la promesa que hizo" de estudiar "caso por caso la situación familiar de cada uno" para recalificar las viviendas, que eran de protección oficial a precio concertado, y buscar alguna fórmula que permita a las familias acogerse a subvenciones oficiales que alivien la situación económica en la que han quedado.

180.000 euros por casa

Las viviendas tenían un precio de venta de unos 138.000 euros, de los que cada familia entregó al constructor 45.896 euros "que no se podrán recuperar ya", recalcó Martín, pero además han tenido que poner 71.000 euros para adquirir el préstamo al Banco Pastor, más los gastos de registro, escritura y demás, y calculan que terminarlas de construir costará otros 60.000 euros, por lo que el precio final se disparará a más de 180.000 euros.

"Hemos tenido que recurrir a familiares, amigos y algunos vendieron la casa que tenían y han vuelto a vivir con sus padres o en una caravana", explicó el portavoz, mientras desgranaba el "calvario" por el que han pasado estas 22 familias que en octubre de 2006 compraron una casa que debería haber estado terminada en junio de 2008.

Respecto a la posibilidad de emprender acciones legales contra el constructor Antonio Población por lo que consideraron "una estafa en toda regla", los afectados se lamentan de que "encima" les cueste más dinero todo el proceso judicial, pero no lo descartan una vez "que terminen las casas" y se puedan "tomar las uvas este año allí", concluyó.