El juez de la Audiencia Provincial ha condenado a J. M. M. a un año y ocho meses de cárcel por estafar más de 10.000 euros a Cruz Roja cuando trabajaba en la organización humanitaria en Cáceres. Del mismo modo, deberá pagar una multa de seis euros diarios durante seis meses. La vista oral se celebró ayer en el palacio de justicia dos años después de que el ahora condenado fuera imputado por estos hechos. El juicio tan solo se prolongó durante algunos minutos que sirvieron para ratificar la condena ya que fiscalía y defensa habían firmado un acuerdo previo sobre la pena debido a que el acusado ha reparado el daño, es decir, ha devuelto las cantidades estafadas a Cruz Roja.

Cabe recordar que el ministerio público pedía en su escrito de calificación tres años y una multa de un año a razón de 12 euros diarios. En el caso estaban acusados también E. M. P. A. y E. F. G., un matrimonio amigo del acusado al que el ahora condenado desvió fondos. Para ellos, fiscalía pedía once meses de prisión y una multa. El primero ha sido absuelto y la segunda, condenada a seis meses de cárcel. El juez también dictó ayer una orden de búsqueda y captura contra la pareja sentimental de J. M. M., en relación a este caso y acusada también por otros delitos.

El condenado tenía 28 años y carecía de antecedentes penales cuando ocurrieron los hechos, en 2016. Era el trabajador social encargado de tramitar las ayudas para familias sin recursos. El juez considera probado que J. M. M. «aprovechó su posición y su conocimiento administrativo y burocrático» para falsificar contratos de renta de alquiler y solicitar así subvenciones a Cruz Roja.

Fue el 18 y 19 de mayo de ese año cuando agentes de Policía Nacional detuvieron tanto a J. M. M como a E. F. G. y E. M. P. A en el marco de una operación contra el fraude tras una denuncia a la Policía Nacional por falsificación de documentos. La investigación comenzó en marzo, cuando una persona denunció en comisaría que habían falsificado un contrato de alquiler a su nombre para pedir una ayuda económica de Cruz Roja. El secretario provincial también denunció días más tarde «irregularidades» en la adjudicación de ayudas. Esta anomalía afectaba al menos a 43 expedientes, según recoge la denuncia que presentó la organización humanitaria.

Según determinó la investigación de la policía nacional, el acusado «falsificaba los contratos de arrendamiento o modificaba la documentación original presentada con el objetivo de que las ayudas fueran concedidas e ingresadas en cuentas bancarias de su pareja sentimental y de sus familiares».