TEtn los últimos días se han publicado en El Periódico Extremadura artículos sobre el nuevo plan general municipal. Está bien que un periódico divulga opiniones de aspectos de un planeamiento urbano que tiene una gran influencia en los habitantes de la ciudad y en futuras generaciones porque es un plan con una previsión de desarrollo para 50 años.
Aunque por parte del ayuntamiento se han organizado encuentros con sectores para informar del plan, opino que no ha sido suficiente, ya que se ha tenido que divulgar de forma más comprensible para la mayoría aquello que les va a afectar de una forma considerable.
No basta con la simple exposición del plan. Además uno saca la conclusión de que, por ahora, parece que el ayuntamiento lleva a cabo una campaña de ocultación, impresión que se desprende de que algunos componentes de la corporación por las declaraciones que han realizado, como los ediles de la oposición o el propio concejal de Urbanismo, no han tenido acceso al proyecto del plan hasta prácticamente su publicación para información pública. Teniendo en cuenta que hablamos de la ubicación de las barriadas futuras, de la calidad de los servicios, de los equipamientos y del precio a pagar por la vivienda, habría sido deseable mayor participación de los ciudadanos, aunque sólo fuera a través de sus representantes políticos y agentes sociales.
Uno se pregunta a qué se debe esa falta de transparencia. Si estuviéramos en tiempos del despotismo ilustrado, se podría recurrir al ideario de ´todo para el pueblo, pero sin el pueblo´. Tal vez el alcalde y algunos de sus concejales sigan en esa época, pero ese ocultismo lo que provoca en muchos ciudadanos es desconfianza.
En el nuevo plan figuran recalificaciones que justifican esa desconfianza, ya que son ejemplos de la discrecionalidad con la que se aplica la norma urbanística. Y quiero citar aquí un caso concreto: Hay unos terrenos próximos a la ciudad que con el nuevo plan se transforman en urbanizables, y sin embargo su recalificación había sido rechazada en cuatro ocasiones anteriores basándose, entre otros motivos, en informes de los jefes de servicio de Urbanismo, Infraestructura y Planeamiento del ayuntamiento.
En uno de esos informes se llegaba a asegurar lo siguiente: "La valoración urbanística de la implantación propuesta en relación con el territorio es, en nuestro juicio, severa en función de la fragilidad y vulnerabilidad del territorio para los usos que se pretenden. Cuando en la revisión del PGOU (se está refiriendo al actual plan de urbanismo aprobado en 1998) se clasifican los terrenos como suelo no urbanizable genérico, no se realiza de un modo residual, sino que se hace a los efectos de preservarlo, en gran medida, del proceso de urbanización y utilización urbana en base al frágil equilibrio geológico e hidrológico de la zona, según los estudios que el ayuntamiento dispone (investigación geológica-geotécnica y de riesgos del Calerizo de Cáceres), a los cuales me remito". En otro de los informes se añade: "Con la construcción de esta urbanización se romperán las condiciones de recarga del acuífero en esta área".
Si el suelo es el mismo y no ha cambiado, la pregunta es qué es lo que ha variado entonces para que el ayuntamiento modifique su posición anterior. ¡Ah, si claro!, ha cambiado el propietario del suelo y también el precio al que se venderán las viviendas.
Luego se dan otras situaciones que, aunque ajenas a la revisión del plan, son ejemplos de la arbitrariedad con la que en ocasiones se ha aplicado en Cáceres la norma urbanística. Y cito dos casos:
Edificios a los que se dio licencia para más plantas de las permitidas, y cuando sale la sentencia del Tribunal Supremo que declara ilegal esa licencia dada unos años antes, resulta que las obras llevan tiempo terminadas y que aquí no pasa nada.
Edificios que se diseñan y se inician para aplicarles una normativa que permita tener unos miles de metros más de edificabilidad. Normativa que, sin embargo, en ese momento no está en vigor. Pero no hay problema, dado que seguramente ya saben el promotor y los propietarios que se cambiará la normativa porque ya les ha dicho quien de verdad se lo puede decir que no se preocupen, que se cambia lo que haga falta.
Haría falta más espacio para reseñar otros casos, pero, al menos, esta tribuna permite apuntar alguno. Lo que está claro es que la gestión del suelo no puede seguir en las manos en las que ahora se encuentra. Si queremos un desarrollo armónico de las ciudades y compatible con precios razonables para las viviendas, hay que variar y usar los elementos legales que tenemos, porque los tenemos, para que no puedan ser saboteados o utilizados de una forma que el legislador no previó.
Suelo existe en abundancia para eludir una especulación salvaje, técnicos cualificados para desarrollar la ciudad también los hay, y está claro el clamor popular para llevar a efecto esos cambios. Pero la cuestión es si existe voluntad política por parte de los partidos para llevar los a efecto, aunque a veces estén implicados algunos de los nuestros, porque ellos son los que podrían llevarlos a la práctica.
