El Ayuntamiento de Cáceres extenderá los análisis del agua a aquellas barriadas que muestren su preocupación por la presencia de plomo en el agua de consumo, como sucede en el casco antiguo, donde más de 160 viviendas están pendientes de analítica, según ha anunciado hoy el portavoz municipal, Rafael Mateos.
"Si hay que extender estas analíticas más allá del casco antiguo y hacerla en otros barrios de la ciudad, no va haber ningún problema", ha manifestado Mateos, al tiempo que ha subrayado que "la normativa es muy clara" con respecto a quién corresponde cambiar las acometidas y tuberías en el caso de que fueran de plomo: a los particulares.
Al respecto, hay un informe de la Secretaría general que establece que las acometidas "no son propiedad del Ayuntamiento sino de cada particular. Y, por lo tanto, el mantenimiento y la sustitución de esas tuberías corresponde a los vecinos", ha argumentado Mateos.
El informe también establece que toda la red general del sistema de agua de Cáceres ya fue sustituida; por lo tanto, "no contiene ninguna tubería de plomo", ha reiterado.
Aun así, Mateos ha aseverado que mantiene su disponibilidad para analizar, a través de la farmacia municipal, el agua de aquellas viviendas que lo soliciten.
También mantiene su propuesta de crear subvenciones para resolver el cambio de acometidas para aquellos ciudadanos que tengan que hacer frente a esta circunstancia.
Aunque solo se ha referido a los residentes del casco histórico: "gran parte de lo que es la ciudad monumental es gracias a los vecinos, que tienen que convivir con una serie de handicaps con el aparcamiento o a la hora de poner un aparato de aire acondicionado en una fachada", ha puesto como ejemplo.
Por lo tanto, según Mateos, la conservación de la zona monumental corresponde a los residentes y también a la Administración pública.
"Una forma de devolver ese esfuerzo que realizan los vecinos es crear líneas ayudas como en este caso", ha señalado.
El portavoz municipal ha aclarado que "no existe ningún inconveniente desde el punto de vista jurídico" a la hora de crear esa línea de ayudas, que "serían perfectamente compatibles" pese al informe de la Secretaría general.
