CACeresTú (Podemos) propuso ayer que el ayuntamiento remita a la Fiscalía el expediente de la permuta de terrenos que se hizo con Promociones Obras y Estudios Inmobiliarios (Promeimsa). «Aunque pudieran estar prescritas las posibles responsabilidades penales, seguimos pidiendo la remisión del expediente a la Fiscalía», argumentó Ildefonso Calvo, concejal de CACeresTú, durante el debate en el pleno de la corporación de las conclusiones de la comisión de expropiaciones. Fue un último intento de que las resoluciones de este órgano trasciendan del ámbito administrativo y que no fue secundado por el resto de partidos. Entre otros motivos por la citada prescripción.

«Las responsabilidades penales, que mi grupo no las ha visto, estarían prescritas», explicó el concejal del PP y delegado de Urbanismo, Valentín Pacheco, que añadió que en el expediente sí hubo irregularidades administrativas. Las mismas se detallan en el escrito de conclusiones de la comisión que elaboró Pacheco y que junto con las aportaciones hechas por los grupos políticos contó ayer con el voto de todos los partidos. En este escrito se alude a que CACeresTú y PSOE plantearon la necesidad de llevar el expediente a la Fiscalía, pero que al final se tomó la decisión de desechar esta posibilidad porque «de existir algún delito estaría prescrito».

Este expediente se tramitó entre 1999 y 2001. El apoderado de Promeimsa era Manuel Nieto Moro. La empresa permutó con el ayuntamiento terreno en el parque del Príncipe destinado a zona verde y que adquirió en 1999 por 4,8 millones a cambio de parcelas municipales para usos residenciales cuya edificabilidad se valoró en 14,9 millones en 2001. En esta operación fue determinante un laudo, al que el pleno de la corporación, entonces presidido por José María Saponi, decidió acudir en el año 2000 y que fue el que fijó el aprovechamiento en edificabilidad de las propiedades de Promeimsa, valoración que dobló la estimada por el entonces jefe del servicio de Urbanismo del ayuntamiento, Javier Ruiz.

La incidencia que tuvo el laudo, la falta de informe del entonces secretario general, Manuel Aunión, las distintas valoraciones que se dieron a la edificabilidad de las parcelas del ayuntamiento, siendo la última a la baja, las plusvalías obtenidas por la empresa y la incidencia que este expediente tuvo en otros son las causas de que la comisión se haya centrado en este proceso entre los más de cincuenta que se llevaron a este órgano. En 2001 ya se informó por este diario del coste que esta permuta iba a suponer para el ayuntamiento y de como el laudo multiplicaba por dos los cálculos del servicio de Urbanismo. La comisión se ha detenido ahora en este expediente y en sus consecuencias.

RESULTADOS / El portavoz socialista, Luis Salaya, consideró que la comisión «ha tenido un resultado inútil» y que se ha limitado a hacer «un análisis de lo que ha sucedido, sin dejar nada claras las responsabilidades jurídicas y políticas». De lo tratado en la comisión, el portavoz destacó ayer la siguiente conclusión: «No sé si ha habido corrupción en lo que pasó, pero sí sé que este ayuntamiento se ha visto saqueado; se ha saqueado, no sé si legal o ilegalmente, pero sí pareciendo que se han aplicado las normas más a las necesidades de gente concreta que a las de la ciudad».

Calvo aseguró que en lo ocurrido con el expediente de Promeimsa tuvieron responsabilidades los grupos municipales del PP y PSOE, presentes en la corporación local de 1999-2003. «La misma dureza que pide para el PP y el PSOE tiene que obligarle a informar al fiscal y pedirle que meta mano en este expediente», contestó Salaya en su réplica cuando instó a CACeresTú a que en vez de invitar al ayuntamiento a ir a la Fiscalía, lo que debe hacer es llevar el expediente al fiscal «si entiende que hay un delito». Tras el pleno, el concejal de CACeresTú explicó que la decisión de acudir solos a la Fiscalía se tendrá que valorar ahora por la asamblea de la formación.

Momentos antes había sido Pacheco el que instó a Salaya a ir a la Fiscalía: «No corresponde a este ayuntamiento determinar si la posible comisión de un delito está prescrita o no y dadas las manifestaciones de Luis Salaya sobre la posible existencia de corrupción o delito, le invito a que presente la denuncia ante la fiscalía». Pacheco añadió que pese a que visto veinte años después la decisión de acudir al laudo fue un error y ocasionó un daño a las arcas locales, «tengo que pensar que los que tomaron la decisión lo hicieron pensando que era lo correcto». El acuerdo de acudir al laudo se tomó con el voto del PP, entonces en el gobierno, y el PSOE, grupo que después se desmarcó y no apoyó el acuerdo de permuta. El PP la defendió porque con los antecedentes que había consideraba que habría sido más costoso que el justiprecio del suelo se fijase en una sentencia.

El portavoz de Cs, Cayetano Polo, defendió, al igual que Pacheco, la utilidad de la comisión «si sirve para aprender y no cometer los mismos errores». Polo recordó que el objeto de la comisión, creada a instancia de Ciudadanos, «no era terminar condenando a una persona o alcalde», sino conocer el por qué de expropiaciones que han tenido un coste para la ciudad de más de 50 millones de euros. De lo visto en las reuniones «se evidencia que se han producido irregularides» en el expediente de Promeimsa, apuntó, y también se ha puesto de manifiesto «que se han producido verdaderos pelotazos a favor de un número determinado de empresas y personas a cargo del patrimonio municipal».