En un ayuntamiento se hace más gestión que política. No es que sea exactamente como ha dicho el portavoz del PP, Rafael Mateos, el pasado jueves cuando aseguró que los políticos sobran en el consistorio si al final todo se resume a lo que digan los servicios técnicos, económicos y jurídicos, pero a veces se le acerca porque si se desvía mucho se acaba en el juzgado. Para que no todo sean informes técnicos el propio Mateos lanzó otro mensaje: «soluciones y alternativas» en vez de «actitudes conformistas», o lo dicho por el concejal no adscrito, Francisco Alcántara, cuando recordó que se está "en una situación crítica" y que la función de los políticos es "tomar decisiones, sobre todo los que tienen la responsabilidad de gobierno (...) los funcionarios competentes están para informar y los políticos para decidir".

Lo que se necesitan son ideas, ofrecer facilidades al ciudadano y decisiones imaginativas que generen actividad y que no conlleven necesariamente una partida del presupuesto del ayuntamiento -una ha sido la modificación del plan general para posibilitar la implantación de fotovoltaicas aunque esto si no se hace muy bien abre una peligrosa puerta a ir restando protección a espacios con valores ambientales-. Además de lo anterior se necesita de la consabida gestión y del programa político, porque capacidad de gasto hay poca y el jueves en el pleno de la corporación volvió a quedar patente cuando no se pudo ampliar la partida de un millón de euros del plan de subvenciones para autónomos y pymes. Este plan es algo testimonial, una pequeña aportación complementaria a la que pueden dar otras administraciones, pero es una manera de hacer política, de intervenir en sectores perjudicados por el covid-19.

No se puede ampliar porque choca con la regla de gasto que establece la ley de estabilidad presupuestaria, que limita el gasto a un porcentaje que para este año es del 2,9%. El gasto computable a efectos de la regla en 2019 fue de 58.510.999 euros. En 2020 no podría superar los 60.207.812. En el gasto que computa están los capítulos presupuestarios del 1 al 7, queda fuera la amortización de operaciones de crédito. Este año se suma que no solo hay que cumplir ese porcentaje del 2,9%, sino además presentar un plan económico financiero con medidas para corregir la desviación que se produjo en 2019, cuando el gasto computable superó en 1,4 millones el máximo permitido. Con gastos fijos y obligados, como los de personal y servicios, que suman más de dos terceras partes del gasto corriente, hay poco margen presupuestario. Parece que no cabe más que gestionar lo que tiene recursos y decisiones imaginativas que no requieran presupuesto.

Además el porcentaje de la regla de gasto para 2020 se fijó antes de la crisis y en la determinación del mismo la variable principal es la referencia de crecimiento del PIB de medio plazo de la economía española, y el PIB de 2020 va a batir todos los récords negativos.

En el pleno no se escucharon soluciones, más allá de que se espera que el Gobierno flexibilice la regla de gasto y que permita dar mayor utilidad al superávit presupuestario. Aunque no se quieran tocar las inversiones, sí se podrían dar de baja las inversiones que se financian con recursos propios, que en el presupuesto suman 1,6 millones, dar de alta nuevos gastos, como un posible aumento del plan de ayuda a autónomos, y reducir gastos como el del servicio de bomberos, que se puede aplazar y renegociar con diputación. Esos 1,6 millones se pueden recuperar con una operación de crédito, el ayuntamiento tiene margen de endeudamiento, que se pueda destinar a las inversiones que se pierdan. Es solo una idea, puede que acertada o no, pero ideas son las que ahora hacen falta.