La comisión de Urbanismo del ayuntamiento dictaminó ayer a favor de aceptar parte de las alegaciones presentadas por el grupo Progemisa a raíz de que el consistorio le reclamase en abril una solución a los vertidos de aguas residuales al arroyo de Santa Ana, vertidos de las casas y las instalaciones recreativas que hay en la urbanización Ceres Golf que este grupo promovió. La principal consecuencia de esta aceptación es que la reclamación de la solución a los vertidos sin depurar ya no se realiza a la promotora, sino a la comunidad de propietarios de las parcelas que forman esta urbanización, donde hay más de 250 parcelas destinadas a usos residenciales, además de un centro deportivo y un hotel, ahora cerrado.
El acuerdo de ayer pasa la responsabilidad a los vecinos, aunque antes de tomar cualquier decisión o hacer un requerimiento a la comunidad de propietarios, se abrirá un plazo de audiencia de entre 10 y 15 días para que los vecinos, al igual que se hizo con la promotora, presenten sus alegaciones.
La razón por la que ahora el ayuntamiento considera que la responsabilidad hay que exigirla a la comunidad de propietarias es que Progemisa aporta entre sus alegaciones una sentencia de la Audiencia Provincial de Cáceres. En el informe de la sección de Planeamiento del ayuntamiento, que es el que sirve de base a la comisión para el acuerdo tomado ayer, se desarrollan los argumentos de la sentencia para concluir que la responsabilidad de los vertidos de las aguas residuales se tiene que imputar a la comunidad de propietarios, ya que la red de saneamiento y depuración es un elemento común para el adecuado uso de las viviendas, cuyo mantenimiento corresponde a los dueños de las parcelas que se constituyeron en comunidad de propietarios.
Como consecuencia de los vertidos de aguas residuales sin depurar a un arroyo, la Confederación del Tajo ha abierto siete expedientes sancionadores a la comunidad de propietarios. Tras la reunión celebrada hace dos meses entre la confederación y el ayuntamiento, se acordó una moratoria en la aplicación de nuevas sanciones con el compromiso de dar una solución a los vertidos. Según el acuerdo de ayer, es la comunidad de propietarios la que está obligada a ejecutar las obras necesarias, cuyo coste está pendiente de un informe de técnicos del consistorio.
DOS GASOLINERAS Por otra, entre otros acuerdos adoptados ayer en la comisión de Urbanismo se informó a favor de la viabilidad de la implantación de dos gasolineras, una en el sector dos de Montesol, que está junto a la ronda norte, y en otra en Maltravieso, urbanización que está en las proximidades de la carretera de Medellín.
