El primer caso relacionado con la movida que llega a juicio es el de los jóvenes que fueron detenidos en los primeros disturbios que se vivieron en La Madrila, motivados en el horario de cierre de los locales de copas.
Un año después de aquellos sucesos, los cinco jóvenes detenidos y que incluso pasaron casi una semana en el centro penitenciario de la ciudad, se sentarán en el banquillo acusados de delitos de desórdenes públicos, daños y resistencia.
El juicio se celebrará en el Juzgado de lo Penal el próximo miércoles, ante cuyo tribunal M. P. A., A. G. C., I. R. C., F. S. C. F. y F. C. P. habrán de defenderse de las acusaciones del Ministerio Fiscal y el Ayuntamiento de Cáceres, personado en el caso como acusación particular.
Por ambas partes los delitos que se imputan a los acusados son los mismos, no así las penas que se solicitan. En este caso la acusación particular --el ayuntamiento-- acusa a los cinco jóvenes del mismo delito --desórdenes públicos-- y pide para todos la misma pena --dos años de prisión y el pago de una indemnización al ayuntamiento de 7.971,29 euros--. Por su parte, la fiscalía imputa a cada uno de los jóvenes unos determinados delitos y, en base a ello, pide para cada uno penas concretas, aunque todas oscilan entre uno y dos años de prisión, además de las correspondientes indemnizaciones.
Pero los jóvenes acusados proclaman, como han venido haciendo desde hace un año, su inocencia. Por ello, aunque en ningún caso tendrán que ir a prisión --en ningún caso las penas solicitadas exceden los dos años de prisión y ninguno tiene antecedentes penales-- confían en que la sentencia sea absolutoria.
