Hoy se constituye, en un acto que se celebra en el Ateneo, la plataforma ciudadana para la defensa del poblado minero, que nace coincidiendo con el periodo de exposición pública del programa de ejecución, un documento que cuando esté aprobado definitivamente va a permitir que se urbanice la superficie que ocupa el poblado minero y terrenos adyacentes. El debate sobre la actuación proyectada, aunque se viene anunciando desde hace una década, se produce ahora al estar la intervención en la fase de presentación de alegaciones.

En las últimas semanas se han ido sucediendo las declaraciones de colectivos, en su mayoría vinculados a Aldea Moret, barrio en el que se encuentra el poblado, que se muestran contrarios a la intervención programada en lo que afecta al poblado, que sólo es una parte del global de la urbanización, con unas dos mil viviendas, de las que un centenar, todas unifamiliares, son las que se programan en el poblado repartidas en siete manzanas con unos trazados que prácticamente coinciden con las actuales calles, pero con una previsión de construcción de unifamiliares que, aunque en el estudio de ordenación se presente como restauración, significará la sustitución de las actuales casas por edificaciones de nueva planta.

Ayer se pronunció el grupo socialista con las declaraciones de su portavoz, Carmen Heras, que recordó que el nuevo plan general municipal de urbanismo, con aprobación inicial, incluye el poblado entre los bienes a proteger y recomienda la elaboración de un estudio previo a la aprobación final de la nueva urbanización, que está prevista en el plan de urbanismo en vigor desde 1999 que se encuentra en fase de revisión. Heras también recordó que con la tramitación del nuevo plan se produce una suspensión de licencias que afectaría a esta intervención.

Heras se posicionó a favor de que las actuaciones que se realicen respeten no solo la trama urbana con el trazado de calles y de manzanas, sino además la tipología de las casas del poblado, insistiendo en que en el nuevo catálogo, que protege 8 núcleos urbanos del municipio, se regula su conservación; incluso Heras puntualizó que mientras que en la ficha del plan aparece con protección ambiental, en las publicaciones hechas en prensa figura con protección integral.

Añadió que las familias con casas en la zona tienen derechos y que el poblado no se vendió libre de cargas, una cuestión que consideró que tiene que aclararse, ya que en el proyecto de reparcelación sólo hay dos propietarios (Pronorba y un particular).

Las alegaciones pasarán ahora a debate de los grupos políticos y el PSOE e IU ya han hecho públicas sus dudas sobre esta actuación por lo que afecta al poblado.