El consistorio expedienta a Sice porque el alumbrado público pierde luminosidad con las led

En menos de un mes se han producido dos anuncios de expedientes contra empresas concesionarias. Es relevante porque la gestión indirecta de servicios públicos se lleva más de un tercio de los gastos ordinarios del ayuntamiento. Está casi a la par que todo el capítulo de personal, que es de 23 millones. Las concesiones son como un ayuntamiento en paralelo en el que la gestión es privada (salvo en el caso de la recaudación de tributos que está contratada con diputación) con un control por la entidad local.

Por ese peso que tienen las concesiones es destacado el cambio que se ha producido con el anuncio de expedientes, el anterior que se conoció fue el que se abrió a Talher en 2014 y que concluyó con una propuesta de sanción en 2015, además de los incumplimientos de Acciona que se dieron a conocer en el año 2013.

Las sanciones que se pueden imponer, tanto en el caso de Canal como en el de Sice, no son relevantes. Son cantidades menores en relación con el total del contrato. En el caso de Sice se propone una multa del 4,3% del importe total del contrato. Serían 52.000 euros si se calcula sobre el precio sin IVA, que es de 1.216.017 euros, mientras que serían 63.000 si se aplica sobre el total de 1.471.381. La novedad y la importancia no está tanto en el importe de las sanciones como que del control de los contratos de concesión se están anunciando expedientes sancionadores.

El contrato con Sice se formalizó en octubre de 2015 por un periodo de 8 años. Por este acuerdo el ayuntamiento paga 1.471.381 euros al año (cantidad de la primera anualidad que se tiene que actualizar con el IPC) por la conservación del alumbrado público, la amortización de las inversiones como el cambio de 14.533 lámparas de tecnología convencional por las de led y el coste de la energía que se consuma, ya que Sice es la que paga la factura a la compañía eléctrica.

SIETE INCUMPLIMIENTOS / Los incumplimientos detectados por la sección de Electricidad del ayuntamiento son siete, de los que cuatro se califican de muy graves, entre éstos destaca que el contrato obliga a la empresa a que los niveles de iluminación de cada espacio se tienen que mantener, pese a ello con el cambio de las lámparas de tecnología convencional por las de led no se está dando cumplimiento a esta obligación, «dado que los niveles de luminosidad en las vías, calzadas y acerados se han visto disminuidos, incluso muy sensiblemente, en muchos casos», según se recoge en el informe de la sección a cuyo contenido se refirió ayer el portavoz del gobierno municipal (PP), Rafael Mateos.

Otra de las deficiencias muy graves detectadas es que la empresa ignoró las recomendaciones con los estudios luminotécnicos realizados para el proyecto de renovación integral de Cánovas en cuanto a los niveles de iluminación necesarios dada la importancia de la avenida de España. Otro de los incumplimientos destacados es que la empresa no ha ejecutado todas las obras de mejora y renovaciones obligatorias que se tenían que hacer en el primer año del contrato. Están ejecutadas en más de un 80%, pero no están totalmente acabadas, según el informe de la Sección de Electricidad que da pie a la resolución de la alcaldía por la que se incoa el expediente sancionador. Ahora se abre un plazo para que la empresa presente sus alegaciones. El periodo para resolver el expediente es de tres meses. Solo en el caso de que los incumplimientos persistan se podría llegar a la resolución del contrato. Este diario llamó ayer por la tarde a responsables de la empresa para conocer su versión sin que se contestase a las llamadas.

CUMPLIR CON EL CONTRATO / «Los cambios de las lámparas por otras de tecnología led no pueden llevar aparejados una merma en la iluminación de las calles», comentó Mateos, que recordó que había denuncias por parte de los vecinos porque la luminosidad era inferior, que los servicios municipales de inspección han funcionado y que se lanza a las concesionarias el mensaje de que deben cumplir realizando la prestación de las condiciones a las que comprometieron.

El portavoz se refirió ayer a la reunión del jueves entre el ayuntamiento y Canal de Isabel II por el expediente abierto a la empresa del agua. Destacó que es importante que no se tendrá que llegar a la resolución del contrato, dado que la compañía se ha comprometido a subsanar las deficiencias, pero que sí habrá sanciones por aquellas obligaciones que no se han cumplido o no se han realizado en el plazo estipulado. Citó el caso de la plantilla, en el que se impondrá una sanción porque durante más de un año se han tenido menos trabajadores que los ofrecidos por la empresa y fijados en el pliego. Tampoco se han realizado dentro de plazo el plan director e inversiones comprometidas.

Sobre el expediente abierto a Sice, el concejal socialista Andrés Licerán recordó que su grupo ya denunció en mayo que con las nuevas lámparas que se estaban instalando la luminosidad disminuía, queja que se reiteró en noviembre. «El gobierno le quitó entonces importancia a nuestras denuncias», aseguró Licerán, que recordó que su grupo se opuso a la gestión privada de este servicio porque «un abaratamiento de los costes tiene al final una repercusión sobre la calidad del servicio».

En cuanto a la reunión del jueves entre el gobierno y la empresa Canal de Isabel II, el portavoz socialista, Luis Salaya, opinó ayer que pareció «un arreglo entre amigos». «Da la sensación de que el PP se preocupa más por defender a Canal de Isabel II que por defender los intereses de Cáceres. No en vano -Canal- es una empresa pública de una comunidad autónoma gobernada por el PP», aseguró Salaya, que recordó que la denuncia de los incumplimientos de Canal partió de una queja de su grupo porque la plantilla era inferior a la ofertada.