El subdelegado de Gobierno en Cáceres, Fernando Solís, afirma que se ha producido una fuerte subida de sanciones laborales debido a la precariedad laboral desencadenada por la crisis.
Según recoge la agencia Efe, en lo que va de año se han producido 5.177 inspecciones, de las que se han registrado 355 sanciones por infracciones, mientras que en 2009 se realizaron 11.800 inspecciones, de las que surgieron 961 infracciones laborales.
Solís subraya que está en marcha la reforma del Código Penal, "para definir como delito la trata de seres humanos con fines de explotación laboral".
Fernando Solís realiza esta reflexión en la presentación de la campaña que UGT Extremadura organiza contra la precariedad laboral, a la que han acudido también la alcaldesa de Cáceres, Carmen Heras, y el secretario de acción social UGT Extremadura, Nereo Ramírez.
El objetivo de esta campaña sindical es evitar el abuso en materia de contratación laboral, a través de la vigilancia del mercado laboral por parte de los poderes públicos.
Ramírez destaca al colectivo inmigrante como uno de los más castigados por la recesión económica en la región, ya que "muchos se han visto obligados a aceptar puestos de trabajo muy por debajo de los convenios colectivos y sin las condiciones idóneas, llegando a recibir una prestación de 426 euros para poder subsistir".
Este hecho refleja la aceptación social de la actual economía sumergida que se ha desencadenado con la crisis, de forma que "muchos llegan a trabajar por lo que sea", asegura el dirigente de UGT.
