Al concurso convocado por el ayuntamiento para la rehabilitación del edificio Embarcadero se presentaron 5 empresas. Las plicas se abrieron en septiembre del 2003 y en la decisión se tuvo en cuenta el criterio de un jurado. El Ministerio de Economía pone en duda el procedimiento seguido en esa adjudicación. Una auditoría encargada por Economía concluye que en los criterios para la adjudicación no se incluyó la valoración de las ofertas económicas presentadas y propone la descertificación del 25% del importe de adjudicación de la obra, que fue de 4 millones, lo que supone que certificaciones de la obra del Embarcadero presentadas por valor de un millón de euros no se aceptan, lo que en la práctica significa que se está imponiendo al consistorio una sanción por ese valor. (El millón de euros no se pierde, se puede gastar en otra inversión, si se da plazo, pero se necesitaría otro millón para reponer el que se descertifica del Embarcadero).

La obra del Embarcadero se financió con cargo a la iniciativa europea Urban, fondos estructurales en los que el ayuntamiento pone el 25% y la Unión Europea, a través de Economía, aporta el 75% restante una vez que el ayuntamiento presente la certificación de pago de la obra.

El escrito de Economía entró en octubre en el ayuntamiento y el informe de auditoría es de junio. El consistorio ha presentado alegaciones. La auditoría ha detectado tres defectos en el proceso de adjudicación, todos referidos a las condiciones recogidas en los pliegos del contrato, pero la más importante es, según se indica en la auditoría, que no se metiese la valoración de la oferta económica entre los criterios de adjudicación de la obra.

Cuando hace 5 años el ayuntamiento sacó a concurso la obra se quiso que en la adjudicación pesase más la solución presentada para recuperar el edificio que la baja que entregase cada empresa. De hecho, la intención era evitar la baja económica, que es lo que más se valora en la oferta económica, para que el concurso no fuese a una propuesta muy inferior al tipo de licitación que terminase por forzar la presentación de reformados, que, como ha ocurrido también con la cubierta del edificio Embarcadero, no aceptase el ministerio.

El objeto del concurso fue que con el dinero disponible se consiguiese la mejor solución posible, ya que no se trataba de ahorrar, sino de aprovechar todo el dinero de la cofinanciación.

En la decisión de a qué empresa adjudicar la obra se tomó en cuenta el criterio de un jurado independiente, formado por profesionales, en base al contenido del proyecto que presentó cada una de las cinco empresas. En el pliego, además del criterio técnico, también se primaba un plazo de ejecución menor de la obra. Al final, el contrato se adjudicó a la oferta de Placonsa.

Las otras dos razones objetadas en la auditoría es que entre los criterios se valorase que se tuviese el sello de calidad en la gestión ambiental y que se primase la contratación de mujeres. La contestación del ayuntamiento es que tanto la perspectiva de genero como el medioambiente eran dos de los ejes que se potenciaban con el Urban.