En el plan de urbanismo que estuvo en vigor entre 1999 y 2010 el edificio de la cárcel vieja se derribaba y se permitía la edificación de viviendas, con un número máximo de 123 (en el plano de arriba aparecen las condiciones urbanísticas que el plan fijó hasta 2010 para los terrenos que ocupa el edificio de la cárcel). Pero a partir de 2005, con las primeras aprobaciones de la revisión del plan general de urbanismo en vigor desde marzo de 2010, la situación cambió radicalmente, ya que el edificio de la prisión vieja se incluyó en el catálogo de bienes protegidos con un nivel de protección estructural. El Ministerio de Hacienda presentó entonces alegaciones para que se mantuviesen las condiciones de edificabilidad del plan de 1999 y se redujese el nivel de protección para dejarlo en ambiental. La alegación fue desestimada, manteniéndose el grado de protección, lo que dificultaba una posible venta del edificio.

Recientemente un colectivo cacereño ha solicitado a la Junta que el edificio sea declarado Bien de Interés Cultural.