Mientras que ayer se estaba celebrando la comisión que debate el expediente para el nuevo contrato de concesión de la gestión del agua a una empresa, la alcaldesa, Carmen Heras, se reunía con directivos de Canal de Isabel II, que es la actual titular del contrato. Heras les confirmaba que el gobierno tiene la intención de prorrogar el contrato hasta que se resuelva la adjudicación del nuevo. Canal, que en principio debería dejar el servicio el 31 de julio, mostró su disposición a continuar. La preocupación de la empresa era tener la confirmación de si seguían o no para preparar la prestación del servicio a partir de agosto. En el encuentro de ayer no se concretó el tiempo de la prórroga.
En una sala cercana a donde la alcaldesa y los directivos de la empresa estaban reunidos, los componentes de la comisión debatían sobre los costes de explotación del nuevo contrato, que en la propuesta última recogida en el anteproyecto de explotación ascienden a 8,6 millones.
El coste de la explotación del servicio, el canon del agua y las obras a financiar con el contrato, que finalmente quedarán en trece millones de euros, determinarán el porcentaje final de la subida en la tarifa del agua.
Con los costes recogidos en el anteproyecto se planteaba un incremento del 35% de la cuota fija y variable de la tasa del agua, de un 100% en la cuota fija de la tasa de alcantarillado y del 35% en la variable del alcantarillado.
El PP presentó enmiendas que incrementan los gastos de explotación, basándose en que los costes tienen que ser reales para evitar que en un par de años la empresa que se quede con el nuevo contrato de la concesión solicite una nueva revisión de la tarifa.
Si hay más costes, el incremento de la tarifa será mayor. Según los servicios económicos municipales, con el nuevo gasto planteado por el Partido Popular la subida tarifaria se incrementa en un 18% más (ya se estaría ante una subida que podría oscilar entre el 55 y el 60%).
UN ACUERDO Para que el expediente salga adelante se necesita un acuerdo PSOE y Partido Popular. La otra opción, PP y Foro Ciudadano (FC), podría suponer, de llegar a salir adelante con una moción en el pleno, que el actual ejecutivo del PSOE tuviese que abandonar el gobierno.
Lo que puede dificultar que el PP y el PSOE lleguen a un acuerdo es quién y cómo se asume el efecto de trasladar a la opinión pública una subida del agua porcentualmente tan elevada.
De momento ayer la mayoría de los nuevos costes planteados por el Partido Popular pasaron la comisión, por ahora están en el expediente, "tendrán reflejo en la tarifa", indicó el concejal de Economía, Lorenzo de la Calle, pese a que el PP no ha presentado los informes que avalan detalladamente esos aumentos, concretó el edil, que confió en que los populares acaben por desestimar uno de los costes que plantean incrementar, que supondría aumentar el beneficio industrial de la empresa y que tendría un reflejo en la tarifa.
Uno de los incrementos confirmados es el de Personal, que queda en 3.217.000 euros, que en la práctica significa que toda la plantilla que ahora gestiona el servicio con Canal sigue.
La portavoz del PP, Elena Nevado, insistió ayer en que se debe partir de un coste real del servicio para evitar sorpresas futuras en las que la empresa termine por exigir incrementos de la tarifa superiores a los que puedan decidirse ahora. Nevado incidió en que la principal causa de la subida de la tarifa será que se haya vinculado al contrato el pago de un canon de 30 millones, que se acordó por parte del gobierno local para destinarlo al pago de la deuda municipal (el gobierno lo defendió para atender una deuda que en parte procede de legislaturas anteriores).
Nevado aseguró que si se le imputa al PP la subida del agua se retirará "de cualquier acuerdo" con el gobierno. Foro Ciudadano también considera que los costes del contrato son mayores que los recogidos en el anteproyecto de explotación. Su concejala, Carmina Santos, entregó ayer un escrito ante la comisión en el que informa que su grupo "asume todas las valoraciones" que ha presentado el PP.
Sobre el incremento del beneficio industrial de la empresa, la portavoz comentó que el planteamiento recogido en el anteproyecto de explotación podría dificultar que las empresas optasen al concurso y que solo se reconsideraría si fuese un escollo insalvable para la negociación.
