La comisión municipal de Urbanismo abrió ayer el debate para ajustar el documento del nuevo Plan General Municipal (PGM) de urbanismo a las indicaciones que la Consejería de Fomento planteó el pasado febrero, unas observaciones que obligan a reducir la previsión de viviendas y de sistemas generales (los terrenos para grandes espacios verdes, infraestructuras y viales). El texto de partida que desde ayer por la mañana está sobre la mesa para su debate y estudio propone un recorte máximo en la cifra de viviendas planificadas que está entre las 18.500 y las 23.600.

El plan general marca hasta tres prioridades para su desarrollo en nuevos terrenos urbanizables residenciales, dentro de cada una hay sectores (las nuevas áreas de viviendas, dotaciones y servicios públicos) y cada uno de estos sectores tiene asignado un número estimativo de viviendas y de hectáreas para los sistemas generales. Sale un número total de 54.600 viviendas. Es el potencial máximo del plan para cuyo desarrollo no hay plazo, además una parte de las mismas se proyectan como reserva, sin que esté garantizada su ejecución.

En cuanto a los sistemas generales, la prioridad II tiene asignadas 260 hectáreas, mientras que la I tiene 400. Además la I afecta a una superficie global (los sistemas generales, sistemas locales --suelo para dotaciones, usos terciarios, jardines...--, los terrenos que ocupa la vivienda...) de 1.100 hectáreas y la II de 810. También hay que tener en cuenta el aprovechamiento medio que se asigna a cada prioridad, que determina el rendimiento lucrativo a lograr de cada metro cuadrado.

Partiendo de estas tres premisas (la superficie, sistema general y aprovechamiento medio), se han ido analizando para ajustarse a lo que ha indicado la consejería y que el PGM se pueda aprobar definitivamente. Un recorte de alguna de estas variables lleva a una disminución en el número de pisos previstos.

El documento de trabajo y de partida no indica de dónde quitar estas previsiones, ni cuánto reducir, solo marca un máximo, lo que precisa es cómo hacerlo. La decisión de dónde quitar y cuánto se reducirá tiene que salir del debate político que se inició en la comisión local de ayer.

Ninguno de los grupos políticos se aventuró ayer a adelantar cuánto se recortará. La alcaldesa, Carmen Heras, aseguró que la decisión que finalmente adopte el grupo socialista (el mayoritario dentro del ejecutivo municipal) tendrá que salir del debate de la comisión de Urbanismo. La alcaldesa recordó que tanto IU, con el que gobierna el PSOE, como Foro Ciudadano, con el que el PSOE tiene un pacto de legislatura, ya habían venido manifestando, al igual que el PSOE, que las previsiones del plan estaban "sobredimensionadas", pero reiteró que "tenemos que ver" hasta dónde se llega en ese recorte.

El primer teniente de alcalde y portavoz de IU, Santiago Pavón, reiteró ayer que su idea es que haya "una modificación sustancial" en las previsiones del plan general, ya que en caso contrario no daría su voto al mismo. Añadió que no se siente condicionado por el pacto de gobierno con el PSOE una vez que se ha cumplido el compromiso de que el documento volviese al consistorio tras su suspensión en febrero por Fomento para que se corrigiese, además estimó que se ha producido un "incumplimiento" del pacto por parte de la alcaldía en materia urbanística, ya que él no ha intervenido en gestiones que la alcaldesa ha hecho ante la consejería y no se ha concretado su designación como vicepresidente dentro de la comisión municipal de Urbanismo.

Pavón solicitó en la comisión celebrada ayer que se le aportase un listado de los terrenos que el nuevo plan de urbanismo recalifica y la relación de los propietarios de los mismos. También pidió la información con "los razonamientos jurídicos" que ha manejado la consejería de Fomento para suspender el plan y para la determinación de qué planificaciones del mismo son las que se deben rectificar.

El portavoz del Partido Popular, Francisco Javier Castellano, aseguró ayer que su grupo está "dispuesto a reunirse cuantas veces sea necesario" para los reajustes a efectuar en el plan, aunque precisó que solo van a aceptar aquellos cambios que tengan que ver "con cuestiones de legalidad". Añadió que la consejería solo puede hacer observaciones relativas a la legalidad de lo que se planifica en el nuevo plan general, agregando que en muchas de las correcciones que se hacen se "va más allá" de ese criterio.

Castellano no entró a valorar hasta dónde llegará su grupo en los recortes a realizar en el documento. En la idea en la que sí insistió el portavoz de los populares fue en que su partido "trabajará para sacar adelante nuestro plan (el que el Partido Popular aprobó en mayo de 2007 y que la Junta suspendió el pasado mes de febrero hasta que se realizasen las citadas correcciones)".

El concejal de Foro Ciudadano, Felipe Vela, no asistió a la comisión al estar fuera de Cáceres por motivos profesionales. Vela, por los comentarios hechos hasta ahora, defiende que la aprobación del plan general con las correcciones a introducir se agilice. En el pleno que se celebró el jueves volvió a hacer referencia a la necesidad de que el plan "se acabe de resolver".

DOCUMENTO DE TRABAJO El documento de partida para la adaptación del plan a las correcciones hechas por la consejería ha sido elaborado por los técnicos del equipo redactor del plan y los técnicos del ayuntamiento. El documento se entregó ayer a los grupos políticos de la comisión.

El aspecto más destacado de las observaciones que por parte de la consejería se pusieron al plan es la reducción de los suelos urbanizables, de las viviendas y de los sistemas generales. En este documento se propone que, como máximo, se baje del potencial de 54.600 viviendas a una horquilla de 36.000 a 31.000.

Esa reducción máxima se obtiene de la supresión de las 2.600 viviendas planificadas en la prioridad III, de un recorte en las de prioridad II, pasando de las 20.500 ahora planificadas en el plan a una cifra de entre 13.000 y 16.000, y de una reducción en las de prioridad I, pasando de las 31.500 que se planifican ahora a un mínimo de 18.000 a 20.000 viviendas que se mantendrían en el plan general.

En cuanto a las superficies para sistemas generales (grandes espacios para zonas verdes y dotaciones), para la prioridad II se plantea un recorte máximo de las 260 hectáreas ahora planificadas a 160, y en la prioridad I de 400 a 260.