El delito de malversación de caudales públicos, en el caso de la agente de la policía local ahora condenada, por la cantidad apropiada, algo más de 2.200 euros, se condena con entre 6 meses y 3 años de prisión, y la suspensión para el desempeño de empleo o cargo público por el mismo periodo. Ella ha sido declarada culpable de este delito por el jurado popular, pero este ha pedido asimismo el que se le conceda la suspensión de la pena privativa de libertad; pide al magistrado que ha de dictar su sentencia que se la condene, pero no con la cárcel.
