La Asociación de Letrados y Letradas por un Turno de Oficio Digno (Altodo) ha denunciado que la titular del Juzgado de lo Penal Número 2 de Cáceres haya denegado a una abogada la suspensión de un juicio de menores. Sale de cuentas» dos días antes de la fecha señalada para la vista, el 19 de enero. Además, la magistrada del juzgado cacereño ha requerido a sus clientes para que designen nuevos letrados, «bajo expreso apercibimiento de que en caso contrario se designará uno de oficio».
El colectivo denuncia «la escasa empatía del órgano judicial hacia una letrada que ha elegido ser madre sin renunciar por ello a su vida profesional». Critica además la «instrumentalización de la abogacía de oficio para fines espurios» y señala que «por encima de la estadística de asuntos resueltos, existen otros valores».
Además, el colectivo subraya que la designación de profesionales de oficio por orden judicial «cuando el justiciable no ostenta el beneficio de justicia gratuita, puede acarrear que tenga que abonar posteriormente unos honorarios no negociados con un profesional que no ha elegido y cuya participación le ha sido impuesta». Y añade que la libre designación de abogado, «salvo muy excepcionales circunstancias que permitan su restricción, previstas por ley, debe siempre primar sobre la asignación de oficio».
Altodo señala que «sin merma alguna de nuestra leal colaboración con los órganos judiciales, la abogacía de oficio no puede convertirse en el tonto útil, ni en el cajón de sastre de la administración de justicia».
