La propuesta de infracción parte de las cantidades fijadas en la Ley del Suelo, que tipifica como muy graves las infracciones cometidas en terrenos no urbanizables de protección ambiental y fija multas que van de los 150.000 a los 600.000 euros. Si la demolición se realiza en el plazo dado, que suele ser de un mes, el importe de la multa baja un 75%. La comisión adoptó su dictamen con el voto de PP e IU y la abstención del PSOE al considerar excesivos los importes y valorar que se debe perseguir al que promueve la operación de venta. Desde el PP se apuntó que las cantidades salen de la legislación y que para rebajarlas habría que promover su modificación.
