La alerta que hace unos días desató en Cáceres la llegada de cartas de un despacho de abogados de Barcelona reclamando presuntas deudas a vecinos de la ciudad se mantiene. Las cartas siguen llegando y los afectados siguen preocupados, pues en las misivas se amenaza con demandarlos si en el plazo de 72 horas no se abonan.

Aunque la amenaza y el tono imperativo están claros, no lo está el objeto de la deuda: en ninguna carta se adjunta ningún tipo de factura y solo se incluye la cantidad que se debe a una sociedad, Agedi-Aie, de la que no se dan más datos, limitándose la carta a conminar al destinatario a que, si quiere más información, llame a un teléfono.

Detrás de este asunto no hay, como en principio se podía entender dada la muy menguada información del motivo de la deuda, una estafa telefónica, sino la reclamación de pagos a establecimientos por el uso de música ambiental. Así, el reclamante, la llamada Agedi-Aie es el Organo Conjunto de Recaudación de Artistas y Productores. Los presuntos deudores aseguran en todos los casos no deberles nada.

Uno de ellos, Carlos Pérez, indicó a EL PERIODICO que al principio no hizo caso, "pero tras recibir cinco cartas en dos meses, me preocupé, llamé y me dijeron que era por una deuda de una sociedad que resulta que se disolvió hace 14 años. La formamos un amigo y yo para abrir un bar en la calle Pizarro, pero hace ya ese tiempo que no lo no tenemos".

Por su parte, Agedi-Aie defiende la pertinencia y legalidad de su actuación, señalando que es "una entidad autorizada por el Ministerio de Cultura para gestionar los derechos de comunicación pública que corresponden a los productores fonográficos respecto de sus grabaciones sonoras y audiovisuales"; y que Aie "es una entidad autorizada para gestionar, entre otros, los derechos de comunicación pública que corresponden a los artistas, intérpretes o ejecutantes respecto de sus actuaciones". Y se aclaró que las deudas reclamadas --a discotecas, centros comerciales, bares, gimnasios...-- "son consecuencia del impago de los derechos devengados por actos de comunicación pública de fonogramas en los locales públicos".

El despacho que gestiona los cobros defiende la actuaciónAnte las dudas que han generado las cartas que por numerosos cacereños se están recibiendo últimamente reclamando diferentes deudas, y las denuncias que muchos de los afectados han cursado ante las sospechas de que pudiera tratarse de una estafa, desde el despacho de abogados de Barcelona remitente de las misma, Oriola Abogados, se ha manifestado con rotundidad que "no se trata de ninguna estafa, es una actuación absolutamente legal", advierten.

Este periódico recabó información en el Colegio de Abogados de Barcelona, donde se aseguró que desconocían la existencia de ese despacho. Sin embargo, su titular, José Oriola, manifiesta que está abierto desde 1989, "y cuenta con más de 60 profesionales, todos ellos colegiados en el Colegio de Abogados de Barcelona. Tenemos delegaciones en otras provincias y en Asia".

Oriola también defendió su actuación en relación con las cartas recibidas por numerosos cacereños. "Nos dedicamos a la gestión de cobro de deudas de nuestros clientes, entre los que se encuentran grandes compañías del país, como Telefónica, Gas Natural, Agedi...".

Y en cuanto a las sospechas de que pudiera tratarse de una estafa telefónica por ser un 902 su teléfono de contacto, aseguraron que es "absolutamente falso, pues las líneas 902 utilizadas por este despacho no tienen mayor coste para quien realiza la llamada, sino que el coste es el de una llamada interprovincial sea cual sea la provincia desde la que se realice la llamada".