Los 15 presuntos narcos detenidos a finales del pasado año en la que ha sido la mayor operación de incautación de hachís llevada a cabo en la provincia de Cáceres por la Guardia Civil serán juzgados. Así lo decidió ayer el juez titular del Juzgado de lo Penal, pese a la petición de todas las defensas de que se archivara la causa alegando ilegalidad en el proceso y, en consecuencia, en las pruebas obtenidas. El fiscal, por su parte, aseguró que toda esta trama "se ha destapado legalmente" y mantiene para cada uno de los 15 procesados la acusación por delitos de tráfico de drogas y pide penas que suman 61 años y medio de prisión --a 4 años y 6 meses se enfrentan cuatro acusados, a 4 años un total de 10 acusados y uno de ellos a una pena de 3 años y medio--.

Tampoco estimó el juez la petición de decretarse la libertad provisional para los cinco procesados que se encuentran en prisión preventiva por esta causa, "pues no se ha modificado ninguno de los aspectos que en su día se tuvieron en cuenta para decretar su prisión provisional".

Ayer, en la vista preliminar que por esta causa se celebró en el Juzgado de lo Penal durante unas cinco horas, los abogados de los acusados (un letrado por cada uno de los 15 procesados) intentaron evitar que se les juzgue, alegando que las escuchas telefónicas de las que se derivaron todas las pruebas "son ilegales y por tanto han de ser declaradas nulas". Solicitaron por ello el archivo, o sobreseimiento del proceso, e incluso, en algunos casos, una sentencia absolutoria para todos los acusados.

Pero el titular del Juzgado de lo Penal consideró que "debe proseguirse la celebración del juicio con la apertura de la fase probatoria propiamente dicha", por estimar que no se está ante cuestiones que pudieran ser causa de suspensión del juicio oral o la nulidad del proceso. Advirtió, no obstante, que sobre la validez de las escuchas telefónicas y otros aspectos de la instrucción se resolverá en la propia sentencia, una vez valoradas en su conjunto todas las pruebas.

El juicio se continuará el lunes 19, y se prevé que, ante el elevado número de acusados, así como de letrados, se prolongará durante al menos una semana.

HECHOS Y ARGUMENTOS La llamada operación Acaro que llevó a la detención de estos 15 acusados se inició en julio del pasado año y concluyó en octubre. A través de ella se desarticulaba una red que se dedicaba a la distribución y venta de droga en diferentes puntos de la provincia, pero fundamentalmente en bares y locales de ocio de Cáceres y Plasencia. En la misma se incautaron 82 kilos de hachís, además de seis vehículos utilizados para el transporte de la droga, 19 teléfonos móviles, 6.000 euros, tarjetas de crédito y diversa documentación y objetos.

Las defensas advirtieron ayer que en esta operación "se han vulnerado derechos constitucionales, ha habido una quiebra del derecho fundamental al secreto de las comunicaciones, porque el auto judicial por el que se autorizan las escuchas telefónicas de las que se derivan todas las pruebas se hace a raíz de una denuncia anónima, no del resultado de una investigación, y toda la jurisprudencia del Supremo viene a decir que no se puede iniciar ninguna investigación mediante escuchas cuando proviene de denuncia anónima".

Pidieron, en definitiva, la nulidad porque, argumentaron, "al ser las escuchas ilícitas todas las pruebas obtenidas a través de las mismas son también ilícitas, incluída la incautación de droga".

Para el fiscal "no hay motivo de nulidad", pero si lo hubiera, añadió, "nos sigue quedando un tremendo arsenal de elementos probatorios". Aseguró que además de las escuchas telefónicas ha habido investigación policial "de la que también se han derivado pruebas suficientes contra los acusados. Hay muchas pruebas de cargo al margen de las escuchas", concluyó.