Los grupos municipales del PSOE y Unidas Podemos firmaron ayer un acuerdo con veinticinco medidas a desarrollar durante el mandato que acaba en mayo de 2023. La mayoría son asumibles. Esto garantiza al alcalde, Luis Salaya, el apoyo de los tres concejales de Unidas Podemos, respaldo que se sumará a los nueve ediles que tiene el gobierno socialista. El ejecutivo de Salaya sale reforzado, pero no es un pacto que dé estabilidad al gobierno porque doce no suma mayoría absoluta, que en la corporación local necesita de trece concejales, por lo que la clave sigue siendo la decisión que en las próximas semanas tome el edil no adscrito Teófilo Amores, que en los últimos días ha dejado abierta la posibilidad de abandonar la corporación tras el pleno de los presupuestos.

La primera consecuencia del acuerdo firmado ayer es que Podemos dará su voto a los presupuestos del ayuntamiento para 2020, lo que sumado al sí ya anunciado por Amores permite al gobierno de Salaya sacar sus primeras cuentas, que serán ratificadas en un pleno que la corporación celebrará en febrero. Amores, ex concejal de Vox, siempre ha mostrado su disposición a facilitar la acción del gobierno y no bloquearla. Si deja el acta, le sustituirá una concejala de Vox y la aritmética de las mayorías absolutas en la corporación será otra que puede favorecer menos a Salaya.

El compromiso de legislatura apenas tiene incidencia en el presupuesto de 2020, salvo un incremento de la partida para el autobús urbano para reducir la frecuencia de paso de la línea 8 (la más utilizada junto con la 2), la revisión del plan de movilidad urbana o la eficiencia energética en edificios públicos con instalación de placas solares. Las medidas que incluye son políticas, de una forma de gestión que refuerce servicios sociales y empleo público, que haga hincapié en la conservación del medio ambiente, incluido el rechazo a la mina en Valdeflores, y que estudie la reversión a la gestión directa de servicios municipales que ahora se prestan por el sector privado. También se incluye la consecución de un pacto local para el empleo en la ciudad a negociar con los agentes sociales.

TEXTO DEFINITIVO / El documento firmado ayer suaviza la propuesta presentada inicialmente por Podemos al eliminar compromisos precisos. Así desaparece la propuesta de cubrir al menos 120 puestos de trabajo (sin tener en cuenta los de la Policía Local) en el ayuntamiento con la oferta pública de empleo o la alusión a la implantación de tasas vinculadas a la actividad turística, la ocupación de la vía pública o la tenencia de mascotas.

El acuerdo se firmó entre los portavoces de los grupos municipales del PSOE, Andrés Liceran, y de Unidas Podemos, Consuelo López. No está la rubrica del alcalde porque es un compromiso político, no de gobierno. En ningún momento se ha planteado la entrada de los ediles de Podemos en el gobierno.

En la valoración hecha tras la firma, Salaya avanzó que son medidas cuya ejecución política es viable al centrarse «en los asuntos en los que PSOE y Podemos hemos estado de acuerdo en la pasada legislatura». El principal inconveniente es el de la financiación. Hay medidas que necesitan de más ingresos. En el documento se alude a la recuperación en la recaudación del IBI y a la evaluación de ordenanzas, bonificaciones y exenciones.

Salaya quiso alejar cualquier temor y avanzó su respuesta a las críticas que vendrán desde otros grupos políticos. «No es un acuerdo de dos grupos peligrosamente radicales, ni que pretenda incendiar la ciudad, son medidas lógicas en el funcionamiento de una ciudad que está muy necesitada de reformas».

López avanzó la importancia que tendrá este primer año, «estaremos pendientes de que todo se ponga en marcha en 2020. Si esto no ocurriera, el pacto no tendría recorrido a lo largo del resto de la legislatura», advirtió. En la valoración que hizo ayer en redes sociales, la portavoz de Podemos destacó que el pacto con el PSOE se firma «para hacer de Cáceres una ciudad con futuro en empleo, en cuidados, en sostenibilidad, en movilidad, en cultura y en servicios públicos». También en redes sociales, Licerán aseguró que se ha firmado un acuerdo con Podemos para un «Cáceres progresista y sostenible».

ALGUNAS CLAVES DEL ACUERDO

No da estabilidad, pero sí refuerza al gobierno local. La principal ventaja para Salaya y su gobierno de 9 concejales en una corporación de 25 es que se garantiza el apoyo de los 3 concejales de Unidas Podemos. En la práctica ya casi tenía ese respaldo, en la mayoría de los asuntos que afectan a la corporación han venido coincidiendo en los últimos cuatro años, pero ahora tiene mayor seguridad de que contará con ese apoyo. El inconveniente, pese a que 12 sumen más que 9, es que no da mayoría absoluta, que se alcanza con 13 concejales.

Podemos no se ata al gobierno y el pacto se revisará año a año. Podemos no entra en el gobierno. No se ata. Con este acuerdo puede mantener una distancia con el PSOE. No se mezclan siglas. Ayer Salaya y López recordaron que su cumplimiento se irá revisando. Este primer año será fundamental porque se tienen que ir tomando decisiones que den forma a lo contenido en el pacto. La mayoría de los compromisos son medidas políticas a desarrollar a medio plazo. La historia de pactos similares dice que se rompen a pocos meses de las siguientes elecciones locales.

Decidirá sobre la gestión de la basura, que mueve más de 8 millones al año. La casi totalidad de servicios públicos que el ayuntamiento presta al ciudadano están gestionados por una empresa privada -la excepción es el agua porque es una empresa que depende de la comunidad de Madrid-. El acuerdo compromete a estudiar que los servicios vuelvan a tener una gestión pública. En esta legislatura acaba el contrato de gestión de la basura, que mueve cada año más de ocho millones de euros. Finaliza en 2021, es el más importante de los que acaban en este mandato.

Impuestos, ayuda a domicilio o alquiler, puntos complicados. Las medidas del acuerdo necesitan de financiación. No gastos millonarios, pero sí más ingresos. Ese es uno de los puntos más comprometidos del pacto, que en su primera medida anuncia más recaudación del IBI, principal impuesto local. Luego hay otras medidas como reducir en 2020 a la mitad la lista de espera de la ayuda a domicilio que es complicado que se cumpla cuando está en proceso la adjudicación de la gestión indirecta del servicio. También es difícil que el ayuntamiento cuente con un parque público de alquiler.