No conocía si las obras estaban o no en suelo urbanizable, yo solo las valoraba económicamente". Esta fue la base de la defensa del arquitecto técnico del Ayuntamiento de Aliseda, Manuel García, juzgado ayer en la Audiencia Provincial de Cáceres en calidad de acusado por un presunto delito de prevaricación urbanística. Delito por el que se ha condenado a la exalcaldesa del municipio, Claudia Moreno, a quince años de inhabilitación tras reconocer los hechos y alcanzar un acuerdo con la Fiscalía.
Moreno contrató a García en 2003 en calidad de arquitecto técnico --llevaba ya trabajando para el municipio desde 1999--. Tenía un convenio por obra por el que iba una vez a la semana al municipio. Según indicó ayer en su declaración su trabajo se centraba en visitar las obras junto a la policía local para valorarlas económicamente, pero no entraba a estudiar nada más. Después, en base al presupuesto que él ofrecía, se tramitaba el impuesto de construcciones que ingresaba el ayuntamiento. Aseguró que no conoce el término municipal ni si las superficies que iba a visitar eran terreno urbanizable o no urbanizable. "No conozco la normativa de Aliseda. A mí me decían que tenía que ir a un sitio o a otro, pero no conocía la normativa. Veía el sitio en el que estaban construidas las obras pero no sabía en qué tipo de suelo estaban", señaló.
Las competencias para determinar si las construcciones se habían ejecutado conforme a la legalidad las tiene la oficina de gestión urbanística de la Mancomunidad Tajo-Salor, a la que pertenece Aliseda. Sin embargo este organismo solo actúa a petición del ayuntamiento, por lo que no valoró ninguna de las obras que se declararon ilegales (son 15, construidas entre 2006 y 2008).
La ilegalidad de las construcciones salió a la luz en el año 2013 tras varias denuncias del Seprona. Una vez iniciado el proceso judicial aparecieron también otras denuncias presentadas por la policía local del 2004 y 2005 que alertaban de varias irregularidades, sin embargo no se tramitaron.
DECLARA LA EXALCALDESA Como testigo declaró la exalcaldesa, Claudia Moreno, quien aseguró que las liquidaciones del impuesto de construcciones nunca pasaron por sus manos y que aparecen firmadas con un sello que lleva su nombre, pero nunca las vio.
El Ministerio Fiscal cree que Moreno acordó contratar a Manuel García para que presupuestara esas obras a sabiendas que eran ilegales, con el objeto de que las cuentas municipales pudieran ingresar después el impuesto de construcciones. También cree la Fiscalía que la exalcaldesa tenía un acuerdo con los constructores consistente en dejarles ejecutar sus obras con la condición de que pagaran ese impuesto. A Manuel García lo considera cooperador necesario del delito de prevaricación.
También declaró el secretario interventor municipal, quien apuntó directamente a la exalcaldesa. El fiscalizaba el impuesto de construcciones y se encargaba de supervisar los recibos bancarios que recogían el ingreso al ayuntamiento. Contó que una de las veces, en un recibo del banco, se hacía referencia a ingreso "por obra ilegal". Se lo comunicó a Claudia Moreno para decirle que informara a la Mancomunidad pero ella, según él, le dijo que no: "Me dijo que ella sabía lo que iba a hacer y que la Mancomunidad iba a incoar expedientes sancionadores, que la dejara y que dejara ser feliz a la gente". La Mancomunidad tuvo conocimiento de esas construcciones cuando el ayuntamiento le pidió que fueran a valorarlas tras recibir denuncias del Seprona.
El Fiscal mantiene su petición de dos años y medio de prisión y quince de inhabilitación para el técnico. La defensa solicita la absolución.
