Los vecinos de la Madrila solo apoyan el indulto de uno de los hosteleros condenados, el único que ha pagado las costas del juicio. Para apoyar los indultos los afectados pusieron tres condiciones: El abono de las indemnizaciones, de las costas y de las multas. Solo uno de los imputados ha cumplido los tres requisitos, el que gestionaba el Tibu, los otros diez han hecho frente a las indemnizaciones y a las multas, pero no a las costas. La exalcaldesa Carmen Heras y el exconcejal Carlos Jurado tampoco han abonado su parte correspondiente de las costas.

Tal y como publicara este diario, la acusación particular estimó el coste del juicio en más de 60.000 euros (unos 52.000 euros es lo que le costó a los vecinos la defensa de su abogado, a los que hay que sumar otros 9.000 por los trabajos del procurador).

El hostelero que ha abonado las costas lo que ha hecho ha sido dividir el total entre los trece acusados para pagar su parte. El resto no se niega a hacer frente a este concepto pero solicita a la acusación particular que detalle qué es lo que debe abonar cada uno. Han intentado negociar la cantidad ya que todos coinciden en que la minuta es excesiva.

SUSTITUCIÓN DE PENA / Los vecinos se opondrán también a que, en el caso de que se les conceda el indulto parcial, el juzgado les sustituya la pena de prisión por trabajos sociales. Es decir, si finalmente la condena se queda en dos años de cárcel, los hosteleros deberán solicitar a la titular del Juzgado de lo Penal que les conmute la pena para eludir la prisión. Los vecinos no aceptarán tampoco este extremo.

La opinión de los afectados no es vinculante, ya que es el Gobierno central el que tiene la potestad de valorar y decidir si se concede o no el indulto que han solicitado. Aunque forma parte del procedimiento la petición del juzgado a todos los implicados para que se pronuncien al respecto. Deberá hacerlo también, por tanto, el Ministerio Público.

La solicitud de los indultos fue entregada en el mes de diciembre, aunque por el momento nada se sabe de su tramitación. El Gobierno tarda una media de entre ocho meses y un año y medio en resolver estas peticiones, aunque se espera que este plazo pueda demorarse debido a la convocatoria de elecciones generales.