Los recursos de inconstitucionalidad presentados en marzo por la Comunidad de Madrid y la Junta de Castilla y León contra la Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad (conocida como ´Ley Narbona´ o ´Ley del plomo´) han sido admitidos a trámite por el Tribunal Constitucional.
Los gobiernos madrileño y castellano leonés decidieron emprender esta acción legal por entender que la norma aprobada por el Ministerio de Medio Ambiente en diciembre, invade competencias exclusivas de las comunidades autónomas en materia de gestión de espacios naturales protegidos, caza y pesca, estableciendo prohibiciones y limitaciones relacionadas con la actividad cinegética y de pesca fluvial.
Los servicios jurídicos de la Comunidad de Madrid consideran que la Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad ha hecho una interpretación extensiva del artículo 149, que habla de las competencias de comunidades autónomas y Estado, con el que justifica "la intromisión en las competencias autonómicas".
La Junta de Castilla y León se ampara en la sentencia 101 del Constitucional, del año 2005, y advierte que la legislación básica del Estado en materia de medio ambiente "no puede llegar a tal grado de detalle que no permita a las comunidades autónomas el desarrollo de la legislación básica".
