La Confederación Extremeña de la Construcción, formada por FECONS en Cáceres y APDECOBA en Badajoz, manifiestan su “máxima preocupación” por las últimas resoluciones de la Dirección General de Trabajo de la Junta de Extremadura, en las que se deniegan ERTES a las empresas del sector, “lo que va a provocar el despido de muchos trabajadores y el cierre de muchas empresas”, afirma la patronal extremeña.
“Ante situaciones en las que se han paralizado de oficio las obras públicas (y no a instancias del contratista), mediante actas en las que la Administración contratante aduce al Estado de Alarma, para evitar riesgos de salud entre los trabajadores, la Dirección General de Trabajo no considera este motivo como fuerza mayor”, lamentan las empresas. Sostienen que esta actitud puede vulnerar diversos oficios del Ministerio de Trabajo sobre la interpretación de la fuerza mayor.
A los empresarios también les sorprende que se les inste a reclamar indemnizaciones a la Administración contratante por paralizar las obras.
LA NORMATIVA NO SE CUMPLE
Además, dichas resoluciones están notificándose fuera de plazo. Y en el caso de que la autoridad competente haya acordado ampliarlo (puede hacerlo hasta cinco días adicionales a los cinco iniciales), debe comunicarlo al interesado. En caso contrario carece de eficacia esa ampliación.
Por tanto, si transcurrido el plazo no se ha resuelto el expediente de manera expresa, se considera que ese silencio es positivo, y por tanto que el ERTE ha sido aprobado.
“Pese a ello, ahora se están dando casos en los que una vez aprobado el ERTE por silencio positivo, se notifica por parte de la Dirección General de Trabajo una resolución denegatoria expresa fuera del plazo, y en consecuencia, a partir de este momento no se sabe en qué situación están los trabajadores, si continúan en el ERTE o no, si deben trabajar o no, y si su salario debe asumirse por la empresa o no, creando una gran inseguridad jurídica”, denuncian desde la Confederación Extremeña de la Construcción.
El colectivo empresarial tiene el convencimiento de que, con este criterio, “en los próximos días van a empezar a cerrar las empresas, con un incremento desmesurado de los despidos, que no se producirían si se hubiesen admitido los ERTES”.
“DESAMPARADAS”
En definitiva, la patronal considera que el criterio seguido por la Dirección General de Trabajo “carece de rigor jurídico, además de pasar insolidariamente el problema a otras Administraciones”. También critica que este posicionamiento “afecte de manera directa a la solvencia de las empresas, desamparadas por la Administración, que, lejos de solucionar los evidentes problemas derivados de la declaración del Estado de Alarma, los está agravando”, concluye.
