El Consejo de Ministros extraordinario aprobó ayer un nuevo real-decreto ley de medidas urgentes contra los efectos del coronavirus que, en la práctica, movilizará unos 18.225 millones en actuaciones para reforzar el sector sanitario y ayudar a familias y empresas.
El plan incluye un adelanto de 2.800 millones a las comunidades para reforzar los servicios sanitarios. Esta cantidad constituye un anticipo de las pagos a cuenta de la financiación autonómica previstos para este año, según explicó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Además, se establece que pymes y autónomos podrán solicitar aplazar y fraccionar deudas tributarias hasta el 30 mayo. Durante este tiempo Hacienda permitirá que empresas y autónomos puedan aplazar hasta 30.000 euros en el pago de impuestos durante seis meses.
Las empresas tendrán la opción de devolver el dinero a los tres meses y no abonar nada en intereses.
Además, podrán solicitar el aplazamiento por conceptos que hasta ahora tenían la consideración de inaplazables, tales como retenciones del IRPF, cuotas repercutidas de IVA y pagos fraccionados del impuesto sobre sociedades.
El Gobierno calcula que esta medida supondrá, en la práctica, una inyección transitoria de liquidez de unos 14.000 millones para las empresas.
CRÍTICAS POR INSUFICIENTE / La quincena de medidas que incluye el plan apenas suponen, sin embargo, un mayor gasto presupuestario pues en su mayoría suponen adelantar gastos previstos, permitir aplazamientos de pago de impuestos o establecer líneas de créditos.
«Se trata de un primer paquete de medidas urgentes. En las próximas semanas habrá más», dijo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la rueda de prensa telemática ofrecida tras una reunión del Consejo de Ministros. «No vamos a escatimar esfuerzos», añadió. «Los españoles pueden sentirse protegidos. Haremos lo que haga falta y cuando haga falta», remató.
Sin embargo, el plan presentado por el presidente fue criticado por insuficiente por parte de los líderes políticos del Partido Popular y de Ciudadanos.
También la organización de autónomos ATA consideró las medidas «muy alejadas del S.O.S.» lanzado por el colectivo al Gobierno.
En contra de lo que había anticipado el miércoles el propio ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, el Consejo de Ministros no aprobó aún ayer la nueva ayuda para padres que necesiten suspender o reducir sus jornadas por cuidado de hijos tras el cierre escolar. Tampoco se avanzó en medidas laborales.
GASTO SANITARIO / Entre la quincena de medidas aprobadas ayer sí se incluye «movilizar» 1.000 millones del fondo de contingencia de los Presupuestos para intervenciones prioritarias señaladas por Sanidad. Además, el Gobierno se reserva la capacidad de regular precios máximos de venta de medicamentos y material sanitario y garantiza su abastecimiento.
También se transfieren 25 millones a las autonomías mediante becas-comedor contra la pobreza infantil. Además, las becas de comedor se podrán hacer efectivas a pesar de que los colegios estén cerrados
El decreto establece una nueva línea de créditos blandos a cuenta del ICO por importe de 400 millones para los sectores de transporte y hostelería. Y se amplían las bonificaciones a la Seguridad Social para contratos fijos discontinuos que se realicen entre febrero y junio en los sectores de turismo, comercio y hostelería vinculados a la actividad turística.
Además, y desde el 16 de marzo, Renfe abordará los cambios de billetes de tren sin coste a los viajeros afectados por la epidemia del coronavirus.
