El número de detenidos por la denominada Operación Pizarro, contra los amaños en el fútbol español, se elevaba ayer a 31, según informó la Fiscalía de Badajoz en una jornada en el que el juzgado número 1 de Zafra empezó a tomar declaración a futbolistas y otros implicados, entre los cuales hay un extremeño cuya identidad nadie quiso revelar. Como curiosidad, entre los detenidos hay un árbitro.

La fiscalía informó que se ha incautado «considerables cantidades de dinero» a miembros de la organización. En concreto, este dinero, cuya cuantía no ha sido facilitada, fue localizado en registros realizados en Barcelona y Albacete.

La operación policial se enmarca en las actuaciones iniciadas por el Juzgado de Instrucción 1 de Zafra, a raíz de una denuncia trasladada por la propia Fiscalía pacense en marzo del pasado año después de una información revelada por El Periódico Extremadura que vio la luz el 13 de diciembre de 2016.

Cinco de los detenidos que mayor participación tienen en esta presunta trama de amaños de partidos declararán hoy en el citado juzgado de Zafra, por el que ayer han pasado otros tres, entre ellos uno de los futbolistas del Jumilla considerados como ‘cabecillas’ pero que se han acogido a su derecho a no declarar.

Los interrogantes no han cesado en estas últimas horas tras decretarse el secreto de sumario. Además, permanecen abiertas otras líneas de investigación, apuntó el fiscal pacense.

La investigación, realizada a pie de campo por efectivos de la Brigada Especial de la Unidad de Delincuencia Especializada, que también visitaron la sede central de este diario, ha determinado la existencia de una red organizada presuntamente dedicada a la realización de amaños de partidos para la formulación de apuestas ilegales en todo el territorio nacional. La trama contaba con la colaboración «imprescindible», añade la Fiscalía, de ciudadanos chinos que funcionaban como «principales financiadores».

La organización funcionaba de modo coordinado con tres niveles de actuación, según explicó el fiscal jefe de Badajoz, Juan Calixto Galán Cáceres, por medio de un comunicado de prensa en el que daba las gracias por su colaboración a la prensa escrita extremeña y a la propia federación que preside Pedro Rocha, que ya el lunes dijo que el fútbol regional, en cuanto a clubs, estaba «limpio».

En un primer nivel figuran dos exjugadores profesionales, cuyas identidades no ha desvelado (uno podría ser Jonan García, ex del Athletic y el Alavés), y que actuaban como «rectores del entramado», y dos ciudadanos catalanes.

Uno de ellos mantenía presuntamente los contactos y la relación con los ciudadanos chinos, y el segundo, gestionaba y elegía las casas de apuestas donde realizarlas en función del partido amañado.

Los ciudadanos chinos exigían «un mínimo de cinco jugadores del equipo corrompidos» para aportar dinero con el fin de asegurar el partido amañado, «lo que no se conseguía siempre», según el fiscal.

En un segundo nivel figurarían una serie de jugadores en activo de Segunda B y Tercera División, especialmente de varias provincias andaluzas (Almería, Sevilla, Cádiz, Jaén), así como de Murcia y Badajoz, que trataban con otros jugadores con el fin de convencerlos para el amaño de los partido concertados, especialmente de encuentros de Tercera en varias zonas del territorio nacional. Finalmente, en un tercer estrato, los jugadores de fútbol --en su gran mayoría de Tercera División-- que eran «seducidos y se prestaban activamente».

Dado que los hechos podían ser constitutivos de un delito de corrupción en los negocios, castigado con penas privativa de libertad de hasta cuatro años e inhabilitación especial profesional, al margen de otros posibles delitos defraudatorios, la Fiscalía inició una investigación que fue trasladada a la Policía Judicial, según se encargó de recordar durante la jornada de ayer.

Tras una amplia investigación, la Fiscalía trasladó una denuncia al Juzgado de Instrucción 1 de Zafra, que dirige las actuaciones. Todo el epicentro de este problema que preocupa en el fútbol español sitúa el foco ahora en la comunidad autónoma Extremadura, con el protagonismo para el fiscal jefe y el juzgado segedano en una operación de gran relevancia mediática.