Todos los grupos parlamentarios, excepto el Popular, decidieron ayer remover la ley aprobada por el Gobierno de José María Aznar que impedía a las comunidades autónomas ofrecer ayudas complementarias para las pensiones más bajas. En cuanto el Senado dé su aprobación a la medida, las autonomías podrán subir hasta un 25% las prestaciones no contributivas y establecer ayudas en beneficio del resto de pensiones que más lo necesiten.
Ayer finalizó una batalla legal entre los gobiernos autonómicos y el central que comenzó en 1998 cuando la Junta de Andalucía decidió mejorar las pensiones más bajas. La medida del presidente andaluz, Manuel Chaves, fue seguida por comunidades como Cataluña, Navarra o País Vasco e, incluso, fue adoptada por autonomías gobernadas por el PP como Baleares, Cantabria o La Rioja. También las pensiones mínimas subieron en Valencia durante un ejercicio bajo mandato de Eduardo Zaplana.
A pesar de que el Tribunal Constitucional falló en contra del Gobierno de Aznar y sentenció que las comunidades autónomas podían complementar las pensiones no contributivas, el entonces ministro de Trabajo, Eduardo Zaplana, elaboró una ley para impedir que los parlamentos continuaran aprobando ayudas para estos jubilados y viudas. Tras el escándalo que provocó esta norma, Andalucía y Cataluña resolvieron desoír el mandato de Gobierno y seguir ayudando a sus pensionistas más necesitados.
NORMA RETROGRADA La proposición de ley que ha elaborado CiU y aprobó ayer la Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales del Congreso "da carpetazo a una ley que sólo demostraba el espíritu de un Gobierno retrógrado en materia social, a una fórmula brutal que vaciaba de competencias a las comunidades, igualaba en la miseria a los pensionistas, establecía un modelo de Estado de desconfianza hacia las autonomías y chocaba con la jurisprudencia del Constitucional", afirmó el diputado de CiU Carles Campuzano.
También la portavoz socialista Susana Díaz se felicitó de la derogación de una ley que suponía "un paso atrás en el proceso de transferencia de competencias y un giro al centralismo".
No obstante, la nueva norma limita la subida que puedan ofrecer las comunidades al 25% del importe de la prestación no contributiva (288,79 euros al mes). También impide que la cuantía resultante rebase la de la pensión contributiva.
Una enmienda transaccional aprobada ayer por la mayoría de la comisión parlamentaria del Congreso abre la vía para que estos complementos lleguen también a las pensiones contributivas más humildes al permitir que las comunidades autónomas puedan ofrecer ayudas a jubilados y viudas dentro del ejercicio de sus competencias. Esta potestad se ha establecido sin que se menoscabe la autoridad sobre complementos o modificaciones en estas pensiones que tiene la Seguridad Social.
