El Banco de España ha propuesto al Gobierno una batería de medidas para sacar al país de la crisis. Entre otras, ha pedido “mecanismo excepcionales para evitar que el salario mínimo actúe como una restricción para grupos específicos de trabajadores con mayores dificultades” para encontrar trabajo.
La institución ha advertido en su informe anual que “a pesar del intenso proceso de consolidación fiscal realizado, la magnitud del ajuste pendiente es todavía muy significativa si se pretende iniciar un proceso de reducción duradero del endeudamiento del sector público”.
La recuperación de la confianza y la superación de las tensiones actuales de los mercados, ha defendido el organismo gobernado por Luis María Linde, depende en buena parte de una unión económica más completa en la zona euro. Pero como ello está “más allá del alcance” del Gobierno, añade, lo importante es que “cuanto más rápidos sean el ajuste de la economía española y el avance de las reformas, mayores serán la protección frente a las perturbaciones externas y la posibilidad de beneficiarse de los avances europeos”.
Reformas
El Banco de España alaba los avances del Ejecutivo, pero alerta de que quedan “ajustes pendientes” y de que “su culminación no está exenta de dificultades”. Además, asegura que las reformas en los mercados de bienes y servicios han tenido un “calado menor” que la consolidación fiscal y la reestructuración bancaria.
En este sentido, ha apuntado que la reforma laboral es “esperanzadora”, pero tardará en dar frutos. Por ello, propone medidas adicionales como la anulación del salario mínimo para ciertos colectivos, fórmulas que permitan “en casos especiales la desviación temporal respecto a las condiciones establecidas en la negociación colectiva” y medidas para asegurar que la reducción del alcance de las cláusulas que vinculan los salarios al IPC se revierta cuando vuelva el crecimiento
Homogenización autonómica
El Banco de España también propone anticipar la entrada en vigor del retraso de la edad de jubilación y del alargamiento del período de cálculo de las pensiones, así como una “definición adecuada” del factor de sostenibilidad de estas prestaciones de retiro, que posibilite modificaciones automáticas de los parámetros del sistema que permitan garantizar su sostenibilidad a medio y largo plazo.
Además, reclama al Gobierno una “homogenización” de las distintas regulaciones autonómicas en relación al ejercicio de actividades económicas, liberalizar los servicios profesionales, una reforma en profundidad del sector eléctrico, reducir el tamaño del sector público.
