Al cruzar el gaditano puente de Carranza el suelo cruje. El ruido lo provocan los coches al pasar por una alfombra de tornillos, pelotas de goma y acero, y restos de neumáticos carbonizados sobre la calzada. La escena es propia de un campo de batalla.
La dureza de los enfrentamientos entre los trabajadores de los astilleros de la zona y la policía es evidente. Cádiz anda revuelta. Unos 4.000 trabajadores de Izar, resultado de la unión de Astilleros Españoles y Bazán, en Puerto Real, San Fernando y Cádiz se han echado a la calle para librar una contienda dirigida a preservar sus empleos ante la escasa carga de trabajo que sufren los astilleros.
Disturbios del pasado
Desde el 30 de enero, la misma escena se repite y hace temer que los disturbios lleguen hasta el preocupante nivel de finales de la década de los 90, antes de que sindicatos y patronal, con la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) de por medio, pactaran el acuerdo marco del 2001.
"Defendemos nuestros trabajos y Cádiz nos entiende", dice Miguel Cubillano, del comité de empresa de los astilleros de Cádiz. En la bahía gaditana el pan de 15.000 familias depende de la construcción y reparación de unos barcos que dejan de llegar. "Ahora se van a Corea y hay que intentar que haya mercado para todos", agrega.
Pero desde el Gobierno se duda de la legitimidad de las formas de los trabajadores. Según la Subdelegación del Gobierno en Cádiz, las bajas, afortunadamente leves, se cuentan por decenas. En dos semanas, los lanzamientos de tornillos, maderas y demás han herido a 50 policías. La mayoría de agentes son antidisturbios. Ayer, las bajas de trabajadores llegaron casi a 20. "Nos tiran bolas de acero a menos de dos metros de distancia y gases lacrimógenos impactan contra los manifestantes", denuncia Cubillano.
Según sus cálculos, desde la crisis del sector en los 70, la plantilla se ha reducido en 35.000 personas. De los 46.000 en toda España en 1975, hoy apenas llega a 11.000.
Sus protestas se ven respaldadas por la Junta de Andalucía. El presidente, Manuel Chaves, ha anunciado que pedirá explicaciones al Ejecutivo de José María Aznar por el episodio de las cámaras y micrófonos instalados por la policía en las salas de reunión sindical de los astilleros de Puerto Real. Para los trabajadores supone un "atentado a la libertad sindical".
Desde el Gobierno, aducen que la medida fue a petición de la empresa. Pero parece que la SEPI está abierta al diálogo, que se reunirá hoy con CCOO para buscar una solución.
