Prohibir las grandes propietarias inmobiliarias y expropiar 200.000 viviendas para convertirlas en alquiler social. Esta es la radical medida que la organización de arrendatarios Deutsche Wohnen & Co Enteignen ha puesto encima de la mesa en Berlín y que pretende convertir en ley mediante un referéndum.

La propuesta de esta asociación de inquilinos exige restringir las operaciones de los grandes tenedores que abarquen hasta 3.000 viviendas, así como una remunicipalización que permita transformar las viviendas con las que grandes compañías especulan en alquiler social a precios reducidos. Esa expropiación, aseguran, se podría compensar con un pago «muy por debajo del valor de mercado». El camino para que esta propuesta se convierta en realidad, no obstante, es complicado.

La medida cuenta con el apoyo de entre el 44% y el 55% de los berlineses, según encuestas. Los activistas dicen que el artículo 15 de la Constitución permite la nacionalización de la propiedad privada, algo que no se ha aplicado en Alemania desde la posguerra.

En apenas una década, Berlín ha pasado de ser una ciudad asequible a convertirse en el Dorado de la especulación inmobiliaria. Cansados de esta situación, los vecinos han optado por organizarse. En el 2017, la capital alemana fue una de las ciudades de todo el mundo donde el precio de la vivienda creció más rápido, el 20,5%. Considerando un mercado joven y poco explotado, las grandes inmobiliarias sacaron tajada aprovechando que en la ciudad el 85% de la vivienda es de alquiler. «Es una crisis existencial para mucha gente», explica Thomas McGath, miembro de Deutsche Wohnen & Co Enteignen. «Si decimos adiós a la vida asequible, estamos diciendo adiós a Berlín». Cada berlinés destina hasta el 41,3% de su sueldo a pagar el alquiler.

Una vez más es una organización ciudadana la que trata de impulsar las medidas más ambiciosas para poner freno a la lacra especulativa. El pasado octubre, la protesta civil logró echar a Google del barrio de Kreuzberg. Acusado de aumentar los precios al potenciar la gentrificación, los vecinos consiguieron que el gigante tecnológico renunciase a la creación de un campus para start-ups.

El Gobierno también ha tomado cartas en el asunto. El pasado septiembre, reforzó su ley para limitar el constante aumento de los precios. De esta manera, estableció una penalización para quienes impulsen una renovación de la vivienda con la intención de utilizarla como excusa para subir precios y expulsar a los inquilinos.