La Comisión Europea prosiguió ayer su implacable ofensiva contra la política energética española, en defensa de los intereses de Alemania. El Ejecutivo comunitario declaró "ilegales" los requisitos impuestos al grupo alemán E.ON para adquirir Endesa.

Además dio dos meses de plazo al Gobierno para revocar los nuevos poderes otorgados a la Comisión Nacional de Energía (CNE) para autorizar la compra de participaciones superiores al 10% en las empresas energéticas. En caso contrario, el Ejecutivo denunciará a España ante el Tribunal de Justicia de la UE. La decisión de Bruselas se basa en una interpretación muy restrictiva del reglamento de fusiones empresariales de la Unión Europea. La comisaria de Competencia, Neelie Kroes, se niega a reconocer a España el derecho a utilizar la excepción de seguridad pública para imponer condiciones especiales a una fusión empresarial de dimensión europea.

ALEGACIONES La Comisión Europea desestimó las alegaciones presentadas por el Gobierno y reafirmó que los requisitos impuestos por la CNE a E.ON "son contrarios a las normas del Tratado de la UE sobre libre circulación de capitales y libertad de establecimiento". La CNE impuso a E.ON como condición para comprar Endesa la obligación de vender importantes actividades eléctricas y nucleares de la española para garantizar la seguridad energética del país.

El Ejecutivo comunitario subrayó que su decisión "es vinculante y que puede ser invocada ante un tribunal nacional o una autoridad pública en España". El Gobierno puede recurrirla ante el Tribunal de Justicia de la UE, que ya ha anulado varias decisiones de la CE sobre fusiones. El Gobierno deberá tener en cuenta la resolución, que está en la misma línea que las anteriores.