La guerra contra la crisis toma una dirección que se anuncia especialmente sangrante para España. Los ministros de Economía prevén aprobar este martes una lista de indicadores que servirán para alertar de desequilibrios alarmantes para los países del euro. En concreto, está previsto que la Unión Europea pueda imponer a España una multa del 0,1% del PIB --que equivale a 1.000 millones de euros-- si no toma medidas para rebajar su elevada tasa de paro. El alto nivel de desempleo persistente será uno de los criterios utilizados por Bruselas para lanzar el nuevo procedimiento sancionador por desequilibrios excesivos, que se ha creado para identificar en fase temprana posibles problemas y prevenir así futuras crisis de deuda.

El plan tal y como se ha diseñado es un duro varapalo para España, que al margen de los niveles de paro excesivos que arrastra como consecuencia de la actual crisis (del 22,6% de la población activa según Eurostat) siempre ha mantenido niveles de desempleo muy superiores a los del resto de países europeos, superiores al 10% incluso en coyunturas de elevado crecimiento económico. La media comunitaria de desempleo es del 10,2%.

El indicador se calculará según la media de paro de los últimos tres años y el procedimiento sancionador se activaría cuando se supere el umbral del 10%. Una vez iniciado el expediente, la UE exigirá al Estado miembro afectado que adopte medidas correctivas en un determinado plazo. Los plazos serán más flexibles que en los expedientes por déficit excesivo ya que se considera que los desequilibrios excesivos no dependen tan directamente de la acción del Gobierno.

Si el país expedientado adopta las medidas que exige Bruselas, el procedimiento se paralizará a la espera de que se corrija el desequilibrio excesivo. Ello significa que antes de aplicar ninguna sanción se daría a España varios años para rebajar el paro. Pero si el futuro Gobierno desoye las exigencias de la UE, que en los últimos meses ha pedido a España la introducción del contrato único y la descentralización de la negociación colectiva a nivel de empresa, se le podrían imponer multas de hasta el 0,1% del PIB. Las sanciones serían semiautomáticas, es decir se aprobarían a propuesta de la Comisión salvo que una mayoría cualificada de países las tumbe.

El resto de indicadores que propone Bruselas para lanzar procedimientos por desequilibrios excesivos son el déficit por cuenta corriente, la posición neta de inversión internacional, la cuota de mercado exportador, los costes laborales unitarios nominales, los tipos de cambio efectivos, la deuda privada, el flujo de crédito al sector privado, los precios de la vivienda y la deuda pública. La aprobación de la lista podría retrasarse unas semanas más debido al enfrentamiento entre Alemania y España sobre cómo deben examinarse los desequilibrios positivos. Mientras que Berlín rechaza que se expediente a los países que tengan, por ejemplo superávit por cuenta corriente, el Gobierno reclama que los desequilibrios positivos también sean tenidos en cuenta en los procedimientos sancionadores. La posición de España se escuda en el planteamiento de que si un país tiene capacidad para afrontar inversiones y no las hace está en la práctica lastrando el crecimiento económico del resto de los países.