Las entidades financieras que ofrecen créditos rápidos y reunificación de deudas a clientes con dificultades de pago quedarán sometidas, por primera vez, al control de la administración y a obligaciones de transparencia. El Consejo de Ministros aprobó ayer el anteproyecto de ley de protección de los consumidores de créditos y préstamos que, según los planes del Gobierno, debería estar en vigor esta legislatura, tras superar los trámites de audiencia y parlamentarios.
El principal riesgo que presentan estas entidades para el consumidor es el de una publicidad agresiva, que ofrece soluciones mágicas para reducir los pagos mensuales o acceder a un crédito sin apenas condiciones, todo ello con una información poco clara, en la que no siempre se explican sus elevados costes y los riesgos. Por eso la nueva ley incide en la transparencia y control. El Gobierno interpreta que ello redundará en una rebaja de las tarifas que, según fuentes del sector, incluyen comisiones de hasta el 10% de la deuda.
"INDEFENSION" La vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, dijo ayer que se busca unificar las obligaciones de las empresas para "evitar situaciones de indefensión".
La norma afecta a las personas físicas y jurídicas que, de manera profesional, concedan créditos o se dediquen a la intermediación o el asesoramiento. Bancos y cajas ya están sujetos a estricta supervisión del Banco de España. La nueva ley aumenta las exigencias y, por primera vez, extiende todas ellas a las financieras. Esta supervisión corresponderá a las autonomías.
Una de las novedades es la creación de un registro central con todas las compañías del sector, al que deberán comunicar las comisiones, gastos para los clientes y los tipos de interés máximos, incluso los de mora.
Organizaciones de consumidores como Adicae, la Cecu y la OCU ven positivamente el borrador, elaborado por los ministerios de Sanidad y Consumo, que pilotarán el proyecto, y de Economía y Hacienda.
