El vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía, Pedro Solbes, propondrá al Parlamento que se aplique a todas las administraciones del Estado el mismo sistema de control del déficit público que utiliza Bruselas con las finanzas de los países miembros.
El proyecto de ley que ayer aprobó el Gobierno reformará las normas sobre estabilidad presupuestaria vigentes y endurecerá las condiciones de endeudamiento que tienen ahora autonomías y ayuntamientos. La primera premisa es que el Estado "no asumirá ni responderá" de los compromisos económicos contraídos por las autonomías.
La segunda medida, muy similar a la que Solbes aplicaba a los presupuestos de los miembros de la UE, es que el Gobierno formulará una "advertencia" cuando la administración autonómica incurra en "riesgo de incumplimiento de estabilidad" pero actuará si desoye estos avisos y llega a un déficit superior al previsto. En ese momento, Solbes obligará al gobierno autonómico a diseñar un plan económico-financiero para reequilibrar las cuentas en tres años. El Ejecutivo dará publicidad de este incumplimiento y dará a conocer los planes puestos en marcha para que los ciudadanos de esa comunidad evalúen su ejecución.
Uno de los objetivos de esta reforma es aumentar "la transparencia de las cuentas públicas", por lo que los gobiernos de comunidades y ayuntamientos deberán estar al corriente de las normas comunitarias en materia de contabilidad nacional y remitir la información a un banco de datos de libre acceso a todos los agentes sociales.
La reforma tendrá en cuenta los ciclos económicos. Economía elaborará cada año un informe que determinará la posición cíclica de la economía española. Si este informe prevé un crecimiento real del PIB superior o igual al 3%, el objetivo presupuestario será el superávit. Pero si la previsión está entre el 2% y el 3%, el Gobierno buscará el equilibrio, mientras que si el crecimiento estimado es inferior al 2%, Solbes admitirá cierto déficit. En cualquier caso, no se podrán enjugar las cuentas públicas con el superávit de la Seguridad Social, como hasta ahora. Este déficit estará limitado al 1% del PIB repartido entre un 0,75% para las autonomías, el 0,2% para el Estado y el 0,05% para los ayuntamientos.
DATOS DE CRECIMIENTO Por otra parte, el Gobierno ha elevado la previsión de crecimiento para el 2005 desde el 2,9% al 3,3% por el nuevo sistema de contabilidad nacional, y estima un alza similar para el 2006. Estos objetivos son "conservadores" y "equilibrados", dijo Solbes, ya que compensan el descenso del consumo interno con una mejora del sector exterior.
