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El impacto de una medida social

La delimitación de los beneficiarios centra el futuro del bono eléctrico

Criterios como el descuento del 25% aplicado a todas las familias numerosas suscitan críticas. La falta de una definición concreta de pobreza energética dificulta detectar al receptor potencial

 

Sara Ledo
13/01/2019

En el 2016, una anciana murió tras un incendio causado por una vela; esa era la bombilla que utilizaba desde que le cortaron la luz de su casa de Reus. Ese suceso hizo saltar todas las alarmas. En España todavía hay muchas personas que sufren pobreza energética. Se dice muchas a falta de cifras oficiales, aunque los informes oficiosos hablan de alrededor de 4,6 millones. Para ayudar económicamente a estas personas, el Gobierno dispone del bono social eléctrico –un descuento de entre el 25% y el 40% de la factura de la luz– y del bono social térmico, que ya tienen más de un millón de beneficiarios. Sin embargo, se mantiene el debate sobre si llegan a todas las familias que lo necesitan.

Uno de los principales problemas es que en España no existe una definición concreta del usuario con sufre pobreza energética que delimite qué cantidad de energía necesita una familia o cuáles son los ingresos que hacen que un hogar no pueda pagar sus facturas. Así, el 90% de las personas atendidas por Cruz Roja tienen problemas en su vivienda como falta de calefacción, goteras o humedades, y, según el último informe de la Asociación de Ciencias Ambientales (ACA), en el 2016 había 5,1 millones de personas con la casa fría en invierno y 3,6 millones con retrasos en el pago de las luz y el gas. ¿Son todos usuarios con pobreza energética?

En este sentido, hace menos de un mes, los alcaldes de nueve ciudades –Madrid, Barcelona, Sant Feliu de Llobregat, Rivas-Vaciamadrid, Cádiz, Valencia, Santiago de Compostela, Zaragoza y Pamplona– enviaron una carta a la ministra Teresa Ribera para mostrar su «preocupación» por la falta de medidas efectivas para asegurar el acceso a los suministros básicos. «La energía tiene que ser un derecho garantizado, no puede haber familias que no puedan poner la calefacción o utilizar algunos electrodomésticos», explica la responsable del área de Economía e Innovación del Ayuntamiento de Rivas, Sira Rego.

En la misiva, los alcaldes piden una mayor coordinación entre los ayuntamientos y el Ejecutivo puesto que, según explica Rego, hay muchas familias que «sufren pobreza pero no lo quieren reconocer». «Y eso es un fracaso colectivo», añade. Además, reclaman que el bono eléctrico no se limite a las comercializadoras de referencia –solo se puede solicitar si se tiene un contrato PVPC–, que las eléctricas ofrezcan a sus clientes un contrato optimizado como medida previa y que el bono se aplique directamente, sin necesidad de solicitud. También proponen incluir el llamado principio de precaución catalán para no cortar la energía sin un informe de los servicios sociales.

Las reivindicaciones de los alcaldes están en línea con el acuerdo presupuestario entre PSOE y Podemos y asociaciones de consumidores como Facua, que reclaman que el porcentaje del descuento se aplique sobre el total de la factura y no a un máximo de kilovatios, y critican que las familias numerosas se puedan descontar el 25% del recibo sin límites mientras que el resto requiere de un «excesivamente bajo nivel de ingresos». «Nos parece bien que se acojan las familias numerosas con bajos ingresos, pero no los multimillonarios», agrega su portavoz, Rubén Sánchez, sobre la forma de distribución de las ayudas. Por su parte, el director de la ACA, José Luis López, quien apunta que las personas vulnerables suelen ser también aquellas con edad más avanzada, educación más baja o procedencia extranjera, lo cual acentúa sus dificultades.

No obstante, más allá de los propios criterios para la concesión del bono, todos coinciden en que lo importante no son solo las medidas paliativas, sino atajar el problema de la pobreza energética de raíz, lo cual incluye tratar el elevado precio de la energía, pero también la ineficiencia energética del parque de viviendas español.

Según un estudio de la Fundación Naturgy, los hogares más vulnerables son también los menos eficientes. Es decir, en muchos casos tienen una factura más elevada de lo que deberían debido a que estas viviendas están peor preparadas –el 80% del parque español data de antes de que hubiera código técnico de la edificación– y sus electrodomésticos son menos eficientes.

«Debería haber una estrategia para rehabilitar viviendas, comenzando por las viviendas sociales, porque igual el que hoy es vulnerable mañana ya no lo es», agrega López. No obstante, el primero en reconocer la necesidad de acción y de medidas concretas es el Gobierno, que ha abierto una consulta pública hasta el jueves, 17 de enero, para redactar «de manera consensuada» la futura Estrategia Nacional de Pobreza Energética para que la cobertura del bono social y otras ayudas «llegue a todo el que lo necesita». «El Gobierno trabaja contra reloj para no dejar a nadie atrás», reconocen desde el Ejecutivo.