Yolanda Díaz (Ferrol, 1971) está poniendo a prueba estos días la que hasta ahora ha sido una de sus principales bazas al frente del Ministerio de Trabajo: la capacidad para fraguar consensos entre patronal y sindicatos. El acuerdo para prolongar de nuevo los incentivos a los ERTE y adaptarlos al proceso de desescalada todavía no ha llegado. Miles de empresas y más de dos millones de trabajadores siguen afectados por uno de estos expedientes, cuyas condiciones vencen el próximo 30 de junio.

—¿En qué punto se encuentran las negociaciones para prorrogar los incentivos a los ERTE tras una semana de reuniones?

—El diálogo social es una herramienta fundamental y necesita su tiempo y sus plazos. Puedo decir que este ministerio trabaja para cerrar un acuerdo cuanto antes. Nuestro objetivo es dar certidumbre con un acuerdo para prorrogar las medidas que han demostrado ser tan útiles para paliar los efectos de esta pandemia. Desde el inicio teníamos claro que teníamos que acompañar a las empresas durante un lapso temporal, por lo menos hasta septiembre y con la mirada larga.

—Los agentes sociales pedían alargarlo hasta diciembre, ¿es un problema de recursos públicos?

—No, es un problema de justicia social. No sería justo que hoy, una empresa que está abierta y operando, tuviera a su plantilla exonerada completamente de las cotizaciones a la Seguridad Social y socializados los salarios. Hemos creado una comisión con la mirada puesta en que, a partir del 30 de junio, habría sectores que necesitarían del acompañamiento de las medidas de protección máxima. Hay que recordar que el real decreto que permite prorrogar los ERTE habla de sectores.

—¿En la negociación ha estado presente en algún momento retirar o limitar las cláusulas de salvaguarda del empleo?

—Todas las garantías de protección al empleo que ya existen se van a mantener.

—¿Irá la prórroga de los ERTE al próximo Consejo de Ministros?

—Tenemos un lapso temporal claro. Antes del 30 de junio tenemos que tener una norma aprobada en el BOE. Capacidad legislativa hay, pero el acuerdo debe abrirse camino. Es lo que está esperando este país y así debe de ser. Esta ministra va a trabajar para que exista ese acuerdo.

—¿Quedan personas afectadas por un ERTE que aún no hayan cobrado su prestación?

—Con datos de la intervención general del Estado, a día de hoy hay una incidencia de errores, ajenos al SEPE, del 1%.

—Han iniciado los trámites para aprobar una nueva ley del teletrabajo. ¿Qué pretende regular?

—Nuestro país no tiene una ley que regule el trabajo a distancia. Que no es lo mismo que el teletrabajo. Fruto de la reforma laboral del PP, aborda de manera absolutamente deficiente el trabajo a distancia. Y lo aborda como algo residual, marginal e incluso infravalorado. Lo que vamos a hacer es desplegar una ley que realmente regule el trabajo a distancia y el teletrabajo.

—¿Cómo planea hacerlo?

—El trabajo a distancia debe realizarse desde el lugar que elija el trabajador. Ha de ser voluntario y respetar los derechos laborales, como la desconexión [digital]. Hemos de garantizar los derechos de descanso y los derechos de conciliación… Y otro elemento, que es de justicia. Los trabajadores durante la pandemia han teletrabajado, pero han sufragado los gastos que no le son propios. El teletrabajo no le puede salir gratis a las empresas.

—Sobre esos gastos, ¿la ley fijará unos criterios generales o una cuantía exacta?

—Va a haber de todo. Gastos que ahora estamos asumiendo en el teletrabajo tiene que pagarlos la empresa. Vamos a hacer una lista que sí o sí tiene que acometer el empresario. Es probable que vaya con facturas, para partes proporcionales de suministros, por ejemplo. En el modelo suizo, la empresa paga una parte del alquiler. Otra parte estará sujeta a la negociación colectiva.

—¿Cuándo estará en vigor?

—No me gusta dar plazos. Va a depender de los informes que de manera preceptiva tenemos que desplegar. Pero va adelante.

—Otra ley que han puesto en marcha es la ley del trabajo en plataformas. ¿La pandemia la hace más urgente?

—Sí. El trabajo en plataformas digitales ha llegado a todas partes, no solo a las persona que van en bicicleta repartiendo comida. Está muy bien que existan, pero que trabajen en condiciones igualitarias y por supuesto respetando los derechos.

—¿En qué le va a cambiar la vida esta ley al trabajador?

—Hasta ahora estos trabajadores tenían que denunciar su situación ante Inspección de Trabajo, que ha hecho un trabajo extraordinario, y pasar todo el proceso hasta que se les reconociera su relación laboral. Ahora van a pasar a ser asalariados. Van a tener el marco de protección, en todos los derechos, los sindicales, retributivos, de prevención de riesgos… Exactamente igual que cualquiera asalariado.

—¿Considera necesario ampliar la plantilla de inspectores de Trabajo?

—De inspectores de Trabajo, del SEPE, de la Tesorería General… Es la gran tarea de este país. Esta pandemia ha servido para demostrar el valor de lo público.

—...Con unas plantillas con una temporalidad y rotación superiores que las del sector privado...

—Me parece muy grave que las administraciones no sean ejemplares. Pero es un tema del que no tengo competencias, que corresponden a Función Pública y a las comunidades autónomas. La gran precariedad está en la sanidad, en la educación, en la dependencia… todo competencias autonómicas. Hay que abordarla en todos los ámbitos.

—¿Qué opina de la comisión de expertos propuesta por Sánchez para diseñar la reconstrucción?

—Está muy bien escuchar a los expertos, pero lo más importante es escuchar a la calle. Un Gobierno progresista debe mirar siempre también hacía fuera. Si nos alejamos de la calle hay más posibilidades de equivocarnos.

—De lo poco en lo que están de acuerdo patronal y sindicatos sobre cómo debe ser la reconstrucción del país es que necesita más industria. ¿Coincide?

—España debe cumplir con el compromiso de alcanzar el 20% del PIB industrial. Cada día nos alejamos más de ese porcentaje. Un país sin una industria solvente, sostenible y digitalizada de arriba a abajo no puede avanzar. La calidad del empleo está sustancialmente en los vectores industriales. Tenemos dos muy malas culturas, la de la precariedad y aquella que decía [Carlos] Solchaga de que «la mejor política industrial es la que no existe».

—¿Tiene el Estado que entrar a participar directamente en proyectos industriales?

—El Estado ya lo está haciendo. ¿Hay que ir a un modelo más parecido al francés? Las decisiones en los consejos de administración no se toman en función del modelo productivo del negocio, sino de los dividendos que pueda percibir cada uno de los consejeros. Parece que tiene sentido que una empresa no pueda decidir unilateralmente el futuro de ese valor productivo.

—¿Sería más fácil la continuidad de Nissan o Alcoa si la autoridad laboral recuperara la capacidad de autorizar o vetar ERE?

—No.

—¿Por qué no?

—Nada tiene que ver que una multinacional presente un ERE o un ERTE con que tome la decisión de llevarse su empresa de un país. Ya querría yo que todo fuera tan sencillo. Aunque sí que me gustaría recuperar esa autorización administrativa.

—¿La derogación de la reforma laboral debe ser total o parcial?

—Lo que hay que hacer con urgencia es aprobar lo pactado en el acuerdo de Gobierno entre el PSOE y Unidas Podemos.

—¿Sobre esto sigue habiendo sintonía dentro del Gobierno?

—La reforma laboral no es para nosotros una consigna o un fetiche. Es algo muy serio. La reforma laboral del PP fue la primera decisión que tomó Mariano Rajoy cuando llegó al poder. Fue impuesta y sin diálogo social. Supuso la modificación de 20 preceptos, cinco leyes, cinco reales decretos y alguna directiva. Estaba bien pensada para los objetivos del PP. Tenemos que abordarla con tranquilidad y estoy segura de que el Gobierno coincide en su integridad con lo firmado.

—¿Antes de septiembre habrán aprobado parte de esa contrarreforma?

—No me gusta dar plazos, porque no depende solo de mí. Cuando transitemos esta pandemia, la agenda legislativa se retomará. Pero sin caer en las consignas.

—Los sindicatos alertan de que en otoño puede haber una bajada salarial si no se derogan algunos de esos aspectos...

—Los sindicatos tienen razón. Durante esta pandemia ya hemos esquivado la reforma laboral del PP con decretos. Si no llegamos a actuar, los empresarios hubieran hecho lo que en la anterior crisis. Despidos masivos, descuelgues salariales, modificaciones sustanciales a tropel...

—¿Habrá contrarreforma pues en otoño?

—No me gusta dar plazos. En política nunca sabes qué va a pasar… Se va a hacer, obvio.