Dos reformas laborales en apenas dos años bajo dos gobiernos de signo político diferente no han rebajado la conflictividad ante los tribunales en lo que se refiere a despidos colectivos. La reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana anulando el ERE de la radiotelevisión pública se suma a una lista de casos, aunque de menor impacto mediático, que muestra que los jueces siguen teniendo la llave de la resolución de los conflictos, en contra de los deseos de quienes pidieron una reforma del mercado de trabajo para flexibilizar las plantillas.
La reforma del PP suprimió la autorización administrativa de los ERE y eso no ha sido bueno para quienes esperaban que las reestructuraciones internas fueran un paseo militar. La litigiosidad ha aumentado mediante la impugnación y han crecido los casos de despidos nulos.
Se acabó con un "filtro", según fuentes judiciales consultadas por este diario, que facilitaba el trabajo de los jueces porque aligeraba la materia sobre la que tenían que pronunciarse. La inspección de trabajo (ahora meramente testimonial y solo si la piden las partes) previa era "muy exigente" y algunos asuntos espinosos --personas a las que afectaba el despido, condiciones y alternativas al mismo, entre otras-- se resolvían, con lo que la demanda judicial era el último recurso.
PROS Y CONTRAS La desaparición de la autorización administrativa tiene pros y contras, según fuentes de Sagardoy Abogados. "La ventaja es que a priori, se despolitizaba el procedimiento", ya que no había que estar a expensas de los intereses del Gobierno de turno, señalan desde este bufete especializado en derecho del trabajo. Su desaparición es una desventaja porque "daba seguridad a las partes" que llegaban al juez cuando el conflicto era ya irresoluble.
Con la experiencia de aplicar la reforma laboral durante casi dos años, los grandes despachos de abogados comenzaron a notar que la ley tenía lagunas y que no era tan fácil proceder al despido colectivo.
"Creo que el legislador simplificó los trámites para facilitar los ERE y que los jueces están llenando las lagunas pero no con el espíritu del legislador", apuntan desde Sagardoy. En este sentido, considera que deberían hacerse más cambios técnicos y espera que el Tribunal Supremo vaya sentando doctrina y aclarando algunas dudas cuando resuelva los recursos pendientes.
A primeros de agosto, el Ministerio de Empleo aprobó cambios en el reglamento de los ERE para agilizar su paso por los tribunales. Además de aclarar la composición de la comisión de consultas y el tiempo de negociación, buscaba clarificar la documentación que debe presentar la empresa para justificar el expediente por causas económicas "con el fin de mejorar la seguridad jurídica en la delimitación de los supuestos de declaración de nulidad del despido colectivo por falta de entrega de la documentación preceptiva", según la exposición de motivos, lo que pone de relieve el intento de frenar el revés judicial a las empresas.
"El problema es que la ley es muy deficiente", afirman fuentes jurídicas, que coinciden con la valoración de los sindicatos. Pero el Gobierno no tiene intención de hacer nuevos cambios. Una vez suprimida la autorización administrativa, los responsables de Empleo dan más valor a la intervención judicial como garante de la ley. Más cambios en la dirección que han sugerido los despachos supondría abrir un enfrentamiento con los sindicatos, algo que no es previsible a medio plazo.
