Si el plan de hacerse con al menos el 50% de General Motors hubiera nacido de Washington se hablaría de nacionalización, pero quien ha puesto la opción sobre la mesa ha sido el gigante automovilístico, aunque la realidad que se plantea es la misma.

Ayer, al presentar la tercera y por ahora última revisión de su plan de viabilidad, GM propuso que el Tesoro se quede con al menos la mitad de la compañía para evitar la bancarrota. "Soy un creyente en lidiar con la realidad", justificó Fritz Henderson, presidente y consejero delegado, que fijó como objetivo "crear una estrategia con la que poder ganar, no solamente sobrevivir".

El grupo de trabajo para el sector establecido por el presidente, Barack Obama, emitió un comunicado declarando que "la Administración no ha tomado ninguna decisión definitiva respecto a su actual préstamo a General Motors (que desde diciembre ha recibido casi 12.000 millones de euros en ayudas) o a futuras inversiones en la compañía". Pero la implicación en el gigante de Detroit es ya evidente: el Tesoro pidió y logró el mes pasado la dimisión del consejero delegado, Rick Wagoner, y la reforma de la cúpula de la compañía.

ACREEDORES El eje central del plan --y el que plantea más dificultades-- es deshacerse de la deuda acumulada y no asegurada. Y la más complicada propuesta que ha hecho General Motors es la que afecta a los acreedores de 20.800 millones de euros, a los que ha ofrecido 225 acciones (o 318 euros) por cada 767 euros de sus bonos.

Según las primeras reacciones ante el plan, no parece una opción con muchas posibilidades. Los tenedores de bonos (que tendrían un máximo del 10% de la nueva compañía y que deben dar por lo menos un 89% de aceptación al intercambio antes del 26 de mayo, reservando el 1% a los accionistas actuales) reciben peores condiciones que otros grupos como los sindicatos. Estos serían, junto con el Tesoro, los accionistas mayoritarios, y recibirían un 39% de los títulos de GM a cambio de condonar la mitad de la deuda de la compañía con su fondo de prestaciones sociales (de 15.700 millones de euros).

La dirección de General Motors ha enviado una carta a sus acreedores recordándoles que sus condiciones pueden ser aún peores si la empresa llega a verse forzada a acogerse a la ley de bancarrota. Esa posibilidad se aplicaría si el Gobierno no aceptase el plan de reestructuración antes del 1 de junio, fecha límite fijada. Una de las opciones si General Motors acabara bajo las protecciones de la ley de bancarrota sería establecer dos compañías, una que guarde los buenos activos y otra que se quedaría con los problemáticos con el objeto de liquidarlos. En el plan de viabilidad presentado ayer, General Motors asegura necesitar otros 8.900 millones de euros de ayuda y plantea recortes más profundos y más acelerados que los de la propuesta anterior del 17 de febrero.

Ayer se puso sobre el papel un recorte para el año que viene de 21.000 empleos (entre 7.000 y 8.000 más que las cifras de febrero). También se plantea el cierre del 28% de las plantas en Estados Unidos y reducir un 42% el número de concesionarios, lo que para el 2010 dejaría la cifra en 3.605 (500 más y cuatro años antes de lo previsto en febrero). La compañía confirmó también que para el 2010 terminará la producción de Pontiac, una de sus marcas emblemáticas, y se centrará en Chevrolet, Cadillac, Buick y GMC. Y planteó un recorte de costes estructurales desde los 23.600 millones de euros hasta los 17.800 (un 25%).