El ministro de Industria, José Montilla, afirmó ayer en relación con la demanda por contrabando de petróleo anunciada por la Aduana Nacional de Bolivia contra Andina, una filial de la compañía hispanoargentina Repsol YPF que, como en el caso de otras empresas españolas, el Gobierno "estará al lado" de la petrolera "para defender sus legítimos intereses". Ese apoyo, matizó, debe ser compatible "con la necesaria relación de amistad que debemos tener con Latinoamérica, y en especial, con los países con problemas de desarrollo, como Bolivia".
Montilla, que mostró su respeto por la decisión tomada por la Aduana Nacional de Bolivia, recordó que "el caso corresponde a un presunto comportamiento de otra etapa de la empresa y Repsol podía presagiar esta eventualidad porque hace tiempo ya aparecieron artículos periodísticos hablando de este tema".
La autoridades aduaneras del país latinoamericano anunciaron el viernes que interpondrán una demanda contra Repsol por un presunto delito de contrabando de 230.399 barriles de petróleo, valorados en más de nueve millones de dólares (7,54 millones de euros). La acusación se basa en una investigación realizada en los últimos cinco meses sobre las exportaciones de la compañía Andina entre junio del 2004 y julio del 2005. Según la Aduana boliviana, la empresa exportó crudo sin contar con la documentación legal, consistente en una autorización del Ministerio de Hidrocarburos".
ACUSACIONES INFUNDADAS Un portavoz de Repsol insistió ayer a Europa Press que su filial boliviana cumplió con la legalidad vigente en las exportaciones de petróleo, con el pago de impuestos y la presentación de los documentos correspondientes. "Las exportaciones de crudo han estado en todo momento dentro de los cauces legales", subrayó, a la vez que negó la alteración de documento alguno.
La empresa hispanoargentina está trabajando en dos proyectos con la compañía estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, con la que planea invertir 150 millones de dólares (125,7 millones de euros).
