El Gobierno ha aprobado el proyecto de ley de prevención del fraude fiscal, que prevé que para evitar el pago con dinero negro en la compra de inmuebles, que las escrituras públicas de compraventa de un inmueble incluyan los medios de pago utilizados y que se incluya la referencia catastral del inmueble.

También se prevé una retención del 3% en las facturas emitidas por determinados empresarios por los bienes y servicios prestados a otros empresarios con el fin de evitar las facturas falsas.

Éstas son algunas de las más de 30 medidas normativas que incluye el proyecto de ley presentado por el vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, al Consejo de Ministros, y cuyo objetivo es incorporar instrumentos o medios para descubrir a los defraudadores que no declaran y a los que ocultan rentas o ingresos.

Valor catastral

El proyecto de ley introduce la obligación de incluir la referencia catastral de la vivienda en los contratos de arrendamiento y en los de suministro de energía eléctrica con el fin de descubrir los alquileres no declarados.

Para combatir las tramas de fraude en el IVA, se introduce la responsabilidad subsidiaria de las empresas que adquieran mercancías a tramas y que obtengan un beneficio extraordinario por el impago de impuestos.

Además, se considerará residente en España a las entidades o sociedades radicadas en un paraíso fiscal cuando su actividad o activos principales estén en España, con el objetivo de evitar el fraude a través de paraísos fiscales.

Para evitar simulaciones de precios o pagos a través de operaciones vinculadas, la ley señala que la Administración determinará el valor de la operación teniendo en cuenta los precios de mercado, salvo que la sociedad documente suficientemente el valor declarado, y, además, se adapta la normativa española a los métodos de valoración de la OCDE.

Con el fin de exigir el pago de las deudas tributarias descubiertas a quien tenga el control efectivo de las sociedades ficticias, la administración tributaria podrá actuar sin necesidad de recurrir a la vía judicial. La matriculación de vehículos usados será examinada previamente por la administración tributaria para comprobar el valor declarado.