El Gobierno hizo ayer una defensa cerrada del documento en el que se recogía la propuesta de reforma laboral entregada la víspera a sindicatos y empresarios. Desde varios medios gubernamentales se insistió en que se trata de un texto abierto a la negociación y que "no recorta ningún derecho de los trabajadores", en palabras de la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, quien confía en que el acuerdo pueda cerrarse a finales de este mes o principios del próximo.

Tanto De la Vega como la vicepresidenta económica, Elena Salgado, argumentaron que la propuesta lanzada por el Ejecutivo a sindicatos y empresarios pretende reducir la dualidad de la contratación (entre temporales e indefinidos) y es únicamente "una herramienta de trabajo".

Salgado dijo en los pasillos del Senado que las propuestas están dirigidas a impulsar la contratación indefinida e insistió, una vez más, en que tendrán que ser negociadas con los agentes sociales.

La vicepresidenta segunda no se pronunció sobre las críticas realizadas por los sindicatos UGT y CCOO en torno a la adaptación del modelo laboral austríaco al mercado español, por el que las empresas crean un fondo de indemnización por despido para los trabajadores que pueden llevarse a su nuevo puesto, y se limitó a asegurar que "es una propuesta positiva".