La banca acogió con preocupación la sentencia del Tribunal Supremo que obligó la semana pasada a BBVA, Novagalicia Banco y Cajamar a eliminar todos los suelos de sus hipotecas por entender que se comercializaron sin explicar al cliente su existencia o alcance. Muchas entidades se apresuraron a anunciar que no pensaban seguir ese camino porque entendían que no habían engañado a sus clientes y que el dictamen, por tanto, no les afecta. Pero el Gobierno no lo ve de la misma forma.

El ministro de Economía, Luis de Guindos, anunció ayer que ha pedido al Banco de España que "vigile la aplicación" del fallo. El mensaje para las entidades que no se dan por aludidas fue claro. "Está para cumplirla. Una sentencia siempre se refiere a casos específicos pero puede extenderse, ya que genera jurisprudencia", avisó en un curso de la APIE en la Universidad Menénez Pelayo.

No quiere decir que todos los bancos vayan ahora a quitar estos suelos (que limitan la bajada de los intereses del préstamo a un umbral predeterminado aunque la suma del euríbor y el diferencial esté por debajo). Pero sí supone que el Banco de España va a prestar una especial atención a que los clientes a los que se colocó la cláusula con "opacidad" se les elimine sin contraprestación para el banco (es decir, sin cambiar las condiciones del contrato).

MECANISMO SIN DEFINIR Guindos también aseguró que el gobernador del Banco de España, Luis María Linde, se ha comprometido a destinar "especiales medios y recursos para que se aplique" la sentencia.

De momento, en cualquier caso, no es más que una promesa porque el supervisor financiero no tiene definido aún cómo hará esta vigilancia de los bancos que le ha encargado el ministro.

Es probable que el cliente tenga que dirigirse a su entidad para que esta le retire la cláusula. Si no llegan a un acuerdo porque el banco entiende que informó suficientemente al cliente, podrían ir al servicio de reclamaciones del Banco de España. El problema es que los pronunciamientos de este servicio de arbitraje no son vinculantes para las partes, con lo que los tribunales quedan como el último recurso. Habrá que ver que actitud toman las entidades ahora, ya que la eliminación de todos los suelos supondría un severo zarpazo a sus cuentas (de entre 700 y 1.200 millones al año).

Algunas, como el Sabadell o el Popular, manifestaron la semana pasada su intención de mantener estos topes. El presidente de este último banco, Angel Ron, se reafirmó ayer. "Hoy por hoy nuestras cláusulas son legales", alegó antes de mantener que no hay una "jurisprudencia uniforme".

DINERO PUBLICO ESPAÑOL El ministro también desveló que el Banco de España estima que la reclasificación de los créditos refinanciados que ha impuesto a los bancos les obligará a desembolsar unos 10.000 millones de provisiones y 2.000 millones en capital en los próximos dos años. Pese a ello, ha descartado usar más fondos de la línea de ayuda europea o la prolongación de esta, que vence en enero.

"El FROB tiene mucha liquidez, 10.000 millones, y el Tesoro tiene acceso a los mercados. Si existen necesidades (de ayudas públicas), la situación es completamente distinta que hace un año", argumentó. También aseguró que hay de nuevo "interés" en el mercado por comprar las nacionalizadas Novagalicia Banco y Catalunya Banc.