La necesidad del Gobierno de lograr la mayoría que no tiene en el Congreso de los Diputados para aprobar el decreto ley de los convenios y las fuertes presiones de la oposición y los empresarios le han obligado a ser flexible antes de que se abra el debate parlamentario. El Ejecutivo ha introducido cambios a última hora en el texto del decreto ley que aprobará hoy para intentar acercarse a las peticiones de la patronal de evitar una prórroga indefinida de los convenios.

La modificación introducida ayer va en la línea de acotar más la prórroga de los acuerdos caducados, la llamada ultractividad, y en reforzar el recurso a los arbitrajes para renovar los convenios bloqueados. La propuesta anterior del Ejecutivo fijaba un plazo de 20 meses para negociar la renovación de convenios y dejaba el arbitraje a la voluntad de los sindicatos y las patronales en acuerdos sectoriales o generales.

Fuentes sindicales mostraron ayer su sorpresa con los cambios introducidos por el Gobierno y advirtieron de que se trata de "un tema capital" en la negociación colectiva.

El cambio del borrador de decreto ley fue apuntado ayer por el ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, tras reunirse con los secretarios de Acción Sindical de UGT y CCOO, Toni Ferrer y Ramón Gorriz.

NUEVOS PLAZOS Gómez sugirió que en lugar de los 20 meses previstos inicialmente para prorrogar el convenio mientras se negocia uno nuevo, el nuevo plazo estaría en una horquilla entre 12 y 18 meses, en función de la duración de los convenios afectados. Este asunto ya surgió durante la fracasada negociación entre sindicatos y empresarios. Las centrales estudiaron fijar una prórroga de 12 meses si a cambio la patronal aceptaba otras propuestas sindicales.

Tras filtrarse el borrador que el miércoles fue entregado a los grupos parlamentarios y a los representantes de la CEOE, y ayer a ambos sindicatos, las presiones al Ejecutivo antes de que hoy lo apruebe el Consejo de Ministros fueron insistentes y variadas, según fuentes sindicales.

Hace dos días, tras calificar el documento de "decepcionante", Juan Rosell reconoció que iba a ser "difícil cambiarlo vía enmiendas" en el Parlamento, aunque no por eso la CEOE renunciaría a hacer llegar al Gobierno y a los grupos los planteamientos empresariales. Y no ha perdido el tiempo. Según dijo ayer el presidente de la patronal catalana, Joaquim Gay de Montellà, la patronal ha trasladado a los políticos el "malestar de los empresarios" con el decreto.

Sus esperanzas están centradas en la capacidad de presión al PSOE de los partidos de la oposición más receptivos con sus planteamientos de endurecer la reforma. Sus miradas se centran en CiU, el PNV y el PP. Gay de Montellà aseguró que la patronal catalana no quiere ser "cómplice" de un decreto muy decantado hacia las peticiones sindicales, y que ha rebajado algunos acuerdos ya alcanzados. Según los empresarios, los sindicatos habían aceptado un nivel de flexibilidad del 15% de la jornada, en lugar del 5% que incluye el borrador de decreto.

El portavoz del grupo nacionalista catalán en el Congreso, Josep Antoni Duran Lleida, el único de los tres grupos citados que levantó la voz desde el primer momento contra el contenido del proyecto, reiteró ayer que no tenía "ningún complejo en coincidir" con el análisis de la patronal. Subrayó que CiU no apoyará al Gobierno en el trámite parlamentario si no se escucha a las empresas.

Por el contrario, el grupo vasco está más abierto al diálogo con el Ejecutivo sobre el texto que se envíe al parlamento. El PNV es consciente de que puede tener la llave de la mayoría parlamentaria que necesita Zapatero si este solo cuenta con los votos de los grupos de izquierda, que fueron los que mejor recibieron el contenido que les explicó el miércoles el ministro Gómez, que volvió a pedir a los agentes sociales que sigan negociando, porque por la vía de las enmiendas se podrán introducir nuevos cambios.

DISTANCIA DE LOS SINDICATOS UGT y CCOO solo se fijarán en el decreto ley que se publicará a partir de mañana en el Boletín Oficial del Estado y siguen manteniendo distancias con el Ejecutivo. Tras la entrevista de ayer con Valeriano Gómez, Ferrer y Górriz reiteraron: "No nos sentimos comprometidos con la reforma". No obstante reconocieron que "se salvan algunos muebles, como la ultractividad".

En el cruce de declaraciones, el líder de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, replicó al presidente de la CEOE, Juan Rosell que el "miedo" de los empresarios a contratar es porque "no les llega el crédito", no por la rigidez de los convenios.