El documento de medidas para reformar el mercado laboral, que presentó ayer el Gobierno a los agentes sociales, confirma la tesis que venía defendiendo el Ejecutivo desde hace meses: la necesidad de extender el uso del contrato indefinido de fomento del empleo estable al máximo de trabajadores, una fórmula que generalizará la indemnización de 33 días por año trabajado en vez de los 45 días del fijo ordinario.

El Gobierno plantea que esta fórmula de contratación, reservada desde 1997 para una serie de colectivos de desempleados muy concretos, pueda ser usada para contratar a cualquier parado con la condición de que lleve un mes inscrito en los servicios públicos de empleo. También prevé un cambio en los límites vigentes para su uso en la conversión de temporales en fijos.

PARADOJAS Esta medida recibió ayer el rechazo de los sindicatos y principalmente de los secretarios generales de UGT y CCOO, Cándido Méndez y José María Fidalgo. Este último, que se reunió ayer con José Luis Rodríguez Zapatero, dio la bienvenida a un documento del Gobierno reclamado por los sindicatos desde antes del verano. Pero avisó de que el documento encontrará el rechazo sindical si se pretende generalizar el contrato de fomento del empleo, porque "supondría sustituir fijos por fijos más baratos". Fidalgo ironizó sobre la paradoja de pretender mejorar el empleo con medidas para rebajar el coste del despido.

El presidente del Gobierno matizó que el Ejecutivo será "flexible" en la negociación de las medidas que propone y hará todo lo posible para lograr un acuerdo "equilibrado" en base a este documento, que calificó de "denso" y "bien organizado". Zapatero pidió una lectura sosegada del texto antes de "realizar pronunciamientos definitivos".

El secretario general de Empleo, Valeriano Gómez, explico, tras entregar a los agentes sociales el documento, que se trata de un texto "abierto, realista, que no refleja sólo posiciones del Gobierno, sino que explora un punto de equilibrio entre las propuestas de sindicatos y empresarios con el fin de preservar las posibilidades de acuerdo". Gómez incluso se atrevió a afirmar que si las dos partes encuentran el texto "desequilibrado es que tiene un enfoque correcto y permitirá un acuerdo este año".

NADIE CONTENTO Efectivamente, esta fórmula salomónica no ha agradado ni a sindicatos ni a empresarios. Los responsables de empleo de CCOO y UGT, Dolores Liceras y Antoni Ferrer, se felicitaron de que el texto incluya medidas contra la discriminación laboral, para mejorar la inspección de trabajo, para reforzar los servicios públicos de empleo, evitar el encadenamiento de contratos, otorgar una jornada fija a los trabajadores a tiempo parcial o regular las subcontratas.

Pero ambos sindicatos criticaron que el Gobierno socialista se haya inclinado en mayor medida por las propuestas regulatorias de la CEOE dirigidas a "debilitar el empleo estable". De este modo, Liceras y Ferrer se quejaron de que, en las subcontratas, se transforme el contrato de obra y servicio por uno indefinido cuya duración paradójicamente se ha limitado a la finalización de la tarea.