El malestar y las dudas generadas por las medidas antidescargas, incluidas primero en la ley de economía sostenible y explicadas después por la ministra de Cultura, Angeles González- Sinde, han sido tales que ahora el Gobierno y el PSOE tratan, mediante dos vías, de apagar la hoguera. Por un lado, haciendo autocrítica en relación a la manera en la que se ha explicado una iniciativa que, según dijo Sinde el pasado martes en el Senado, permite cerrar o bloquear las páginas web que faciliten el intercambio de archivos protegidos por los derechos de autor sin necesidad de intervención de los tribunales. Por otro, rectificando a la propia titular de Cultura, al explicar que no habrá medidas contra estos portales sin que se supediten al control judicial. Lo dijo ayer el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero: "No se va a cerrar nada. Ninguna web, ningún blog".

Fue un día protagonizado por los paños calientes que intentó poner la titular de Cultura mediante una reunión con blogueros hipercríticos con el plan del Gobierno (un día antes habían redactado un manifiesto contra el plan antipiratería, que suscitó un enorme apoyo en la red) y por las rectificaciones de otros miembros del Ejecutivo a Sinde.

"Si se ha interpretado alguna posibilidad de cerrar algunos de los espacios que hay, digo que no bajo ningún concepto. El Gobierno está en esa posición, y si hay que aclararlo, se aclarará. Lo hará el Ministerio de Cultura, junto con el Gobierno", dijo Zapatero durante una rueda de prensa conjunta con Jerzy Buzek, presidente del Parlamento Europeo, un organismo que, dentro del paquete de reforma del mercado comunitario de telecomunicaciones, autorizó recientemente a los estados a cortar internet --la conexión de los usuarios y el acceso a webs-- sin la autorización de un juez.

Pero España no hará uso de la autorización. En parte porque aquí, a diferencia de Francia, el Gobierno no se ha planteado actuar contra los internautas, sino contra las webs. Y en parte porque, según el jefe del Ejecutivo, no habrá ningún cierre administrativo. Sus palabras de ayer van en contra de lo dicho por Sinde en el Senado --allí habló de una Comisión de Propiedad Intelectual que podrá bloquear webs con enlaces de películas, canciones o videojuegos--, pero vinieron precedidas por dos declaraciones de miembros del PSOE.

Primero fue la secretaria de organización del PSOE, Leire Pajín: "No hemos explicado bien esta iniciativa política". Y después, el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, quien dijo que la clausura de las webs piratas, o el bloqueo de su acceso desde España si su servidor se halla en el extranjero, debería ser controlado judicialmente. Sin embargo, aquí también hay cierta contradicción con Zapatero: Caamaño dijo que la autoridad administrativa decretaría el cierre, y después lo comunicaría al magistrado; el jefe del Ejecutivo dijo que no habría cierres.

TENDER LA MANO El Gobierno, en cualquier caso, se aleja de las demandas de la industria cultural y los artistas (2.500 de ellos firmaron el pasado martes un manifiesto contra el intercambio de archivos) y tiende la mano a casi todas las formaciones políticas --que ayer mostraron su rechazo a la iniciativa tal como había sido explicada--, a las asociaciones de internautas y a los responsables de blogs que iniciaron la revuelta en la red.