El ministro de Economía, Luis de Guindos, ha recordado hoy que el actual Gobierno ha sido el primero en adoptar medidas para afrontar el problema de los desahucios y que está buscando soluciones para los afectados por las preferentes al tiempo que ha limitado el salario y las pensiones de los banqueros.
En una respuesta en la sesión de control en la Cámara Alta a la senadora de CiU Eva Parera quien ha acusado al Gobierno de "falta de sensibilidad" hacia las demandas ciudadanas, De Guindos ha hecho un repaso detallado de todas las medidas puestas en marcha por el Ejecutivo para hacer frente al aumento del impago de las hipotecas.
Ha destacado el Código de Buenas Prácticas, la paralización de los desahucios durante dos años para los colectivos más vulnerables o la creación del fondo social con más de 6.000 viviendas de alquiler, 200 de las cuales ya se han adjudicado a familias.
De Guindos ha subrayado también el establecimiento de límites para los intereses de demora, medidas para garantizar la independencia de las tasadoras de viviendas, así como la ley contra los desahucios que acaba de llegar al Senado.
"Este ha sido el único Gobierno que ha limitado los sueldos y las pensiones de los banqueros", ha recordado el ministro de Economía, que ha insistido en que el Ejecutivo está ahora buscando soluciones para los afectados por la "mala comercialización" de las participaciones preferentes.
Explicaciones que no han convencido a la senadora Parera, que ha calificado como un "insulto" las supuestas palabras de la semana pasada de la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, sobre los desahucios y los votantes del PP, y que fueron desmentidas posteriormente por su partido.
"Les pedimos que no gobiernen tapándose los oídos y no amparen declaraciones que insultan", ha asegurado.
Parera ha criticado también que el PP no haya aceptado en el Congreso la inmensa mayoría de las enmiendas presentada por los grupos de la oposición a la ley contra los desahucios, dando la impresión, a su juicio, de que intenta proteger a las entidades financieras, en lugar de a los ciudadanos.
